El Supremo puede anular los indultos si hay recursos en contra pero tendrá un margen limitado, según varios juristas

Según Garrote, con un decreto con una motivación «que aluda a una de las tres razones» que fija la ley y «que sea mínimamente razonable», el gobierno español estaría cumpliendo el requisito de exigencia de motivación. «La capacidad de controlar el acto del indulto está muy limitada», aunque existe porque todo acto administrativo, aunque sea «discrecional», «es susceptible de control judicial».

En la misma línea, el catedrático de derecho penal de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y de la Universidad de Lleida, Josep Maria Tamarit, apunta que la sala contenciosa-administrativa del Supremo no tiene que revisar «el fondo del tema» o «si está de acuerdo con la decisión». Tampoco puede pronunciarse como ya lo ha hecho la sala de lo penal en el informe contrario a los indultos. «No puede entrar en los motivos. Lo único que puede es controlar si realmente la motivación ha sido suficiente y adecuada a la legalidad», afirma.

Sin embargo, Tamarit recuerda que la legislación sobre indultos es «muy amplia» y los criterios que establece son «muy generales», pero cree que si el gobierno de coalición lo argumenta «es muy difícil que lo pueda revocar». «Está claro que el Supremo lo que no puede hacer es de gobierno, que es a quien corresponde valorar y decidir», subraya.

El catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona (UB), Vicenç Aguado, apunta que el Supremo «puede llegar a anular los indultos», como hizo en el 2013 con el caso del conductor kamikaze que mató a una persona después de conducir cinco kilómetros en dirección contraria por una autopista en Valencia. El alto tribunal lo consideró «arbitrario». Según el profesor de la UB, esta revocación fue «un punto de inflexión».

En otra línea, Aguado cree que el hecho de que el Supremo pueda entrar a valorar la arbitrariedad de la decisión abre la puerta a que se pronuncie sobre la «coherencia» entre lo que dice el decreto de indulto y los hechos. Él sí que ve margen para que la sala contenciosa-administrativa entre a valorar si ven realmente justificadas las razones del gobierno español e incluso cree que las declaraciones de los afectados pueden ser «relevantes» en la decisión de anularlos o no.

¿Quién puede recurrir?

Tanto Garrote como Tamarit y Aguado coinciden que las partes del proceso penal sí que podrán presentar recurso. Eso incluye Vox como acusación particular y la fiscalía. En cambio, dudan de que el PP lo pueda hacer. En todo caso, será la sala tercera del Supremo la que decida qué recursos admite. La decisión se basará en si el recurriendo tiene «interés legítimo», un concepto «indeterminado y bastante flexible», apunta a la profesora de la Complutense.

En el caso de los indultos a los presos independentistas, el hecho de que no haya una «víctima identificada» hace que se plantee esta duda sobre qué recursos se podrían admitir. Tamarit destaca que, aunque sea una «anomalía» que un partido político haya sido parte del proceso penal, sería justamente eso lo que «podría sostener que Vox tiene legitimidad», pero que el PP no la tenga.

La sala de lo penal lo tendrá que aplicar

En todo caso, una vez aprobados los indultos, la sala de lo penal les tendrá que aplicar independientemente de los recursos que se puedan presentar delante de la sala contenciosa-administrativa. «La sala segunda aquí no tiene nada a decir», afirma Tamarit, que dice que «no tendrá nada más que hacer que acatar la decisión de que tome el gobierno». Por otra parte, Garrote apunta que, si los indultos tienen condicionalidad, la sala de lo penal intervendrá porque será la encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones.