El Consejo de Ministros aprueba este martes los indultos a los presos independentistas

El Consejo de Ministros aprueba este martes los indultos parciales para Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Joaquim Forn, que han pasado, casi cuatro años en la prisión. El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes al acto del Liceo que este es un «primer paso» para la reconciliación de la sociedad catalana y de Catalunya con el resto del Estado. Los nueve decretos eliminan las penas de prisión tanto por el delito de sedición como de malversación, pero mantienen las inhabilitaciones. Previsiblemente todos habrán podido abandonar definitivamente la prisión por Sant Joan.

Este lunes por la tarde la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, se reunió con el secretarios y subsecretarios de Estado para analizar los documentos. Según han apuntado varias voces del gobierno español, el ejecutivo basa los indultos en el concepto de la 'utilidad pública', uno de los tres supuestos que –junto con los de 'justicia' y 'equidad' - contempla la Ley de indultos de 1870.

Después de anunciar la decisión en el Liceo, Sánchez podría comparecer este martes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la medida a la opinión pública española. El presidente español también comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el día 30 de junio.

Los indultos afectan a los nueve líderes por el proceso que fueron condenados a penas de prisión. No los que ya han extinguido sus condenas por desobediencia: Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Tampoco afectan a los líderes del proceso que se encuentran en el extranjero; Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira, y Anna Gabriel.

En su argumentación el gobierno español defiende los indultos van más allá de ser una medida de gracia que afecta a la situación penitenciaria de los presos y servirán para restablecer «la convivencia en Catalunya». Cada decreto tiene una extensión de aproximadamente 30 páginas y supondrá un indulto parcial de la parte de las penas que les queda por cumplir.

Los presos podrán abandonar los centros penitenciarios una vez el rey Felipe VI firme los decretos del gobierno español, estos aparezcan publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Tribunal Supremo recalcule las penas y los aplique. Fuentes del Supremo han apuntado que no demorarán la decisión.

Sánchez hacía tres semanas (desde el 25 de mayo) que había anunciado que adoptaría la decisión pensando en los valores de la «concordia», y no la «revancha». La carta de Oriol Junqueras del 7 de mayo apuntando que la vía unilateral no es «deseable» le allanó el terreno ante los críticos.

El acuerdo llega después de que Sánchez haya ido consiguiendo adhesiones. Primero de los barones del PSOE críticos, que acabaron avalando los indultos como una vía de solución. Después de la patronal y de la Iglesia catalana, y finalmente el presidente de la CEOE, a Antonio Garamendi, los bendijo «si sirven para normalizar» la situación.

Se sumó el resultado de la manifestación de Colón del domingo de la semana pasada, donde las tres derechas, PP, Vox y Cs, acudieron divididas y que finalmente recibió aproximadamente a 25.000 personas, menos asistentes que la que tuvo lugar en el 2019.

Vox ha anunciado su intención de recurrir los indultos al Tribunal Supremo, aunque los juristas no se ponen de acuerdo sobre la capacidad de la ultraderecha de recurrir ni tampoco sobre las posibilidades que el Supremo los revoque.

El largo recurrido de la concesión

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue quien puso primero a debate público la posibilidad de los indultos a los presos independentistas. Fue el 13 de diciembre del 2017, a 8 días de las elecciones del 21-D que ganó a Inés Arrimadas.

En diciembre del 2019 el abogado Rafel Jufresa presentó la petición formal de los indultos para todos los condenados del proceso, y después se sumaron las peticiones de UGT para Dolors Bassa y de los expresidentes del Parlament para Carme Forcadell.

Pedro Sánchez ya había manifestado su voluntad de «dejar atrás la deriva judicial» en varias ocasiones, pero lo hizo explícito al discurso de investidura del 4 de enero del 2020 donde fue reelegido como presidente con los votos de ERC.

El gobierno español inició la tramitación de los expedientes en septiembre del 2020. El ministro Juan Carlos Campo lo anunció durante la sesión de control del Congreso de los Diputados y la derecha abrió la campaña en contra de la medida.

Los expedientes de indulto requieren el informe preceptivo –pero no vinculante- del Tribunal Supremo, el 26 de mayo del 2021 posicionó en contra de esta posibilidad asegurando que no hay razones de «justicia, equidad y utilidad pública» que los justificaran.

El Supremo fue más allá para entrar en valoraciones políticas. Afirmó que la concesión supondría una especie «de autoindulto» por el hecho que la estabilidad del gobierno español esta legislatura depende de los votos de ERC. Aducía también que no ha habido arrepentimiento.

Por el contrario, el gobierno español ha considerado que los indultos son una pieza necesaria para el «reencuentro» y la búsqueda de un encaje entre Catalunya y España en el marco de la mesa de diálogo que los presidentes catalán y español, Pere Aragonès y Pedro Sánchez, establecerán a partir de su encuentro en La Moncloa.