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Indultos

Arrimadas, Carrizosa y Espejo recurren los indultos al Supremo a título individual y piden la suspensión cautelar

Los diputados en el Parlament durante el otoño de 2017 sostienen que tienen legitimación como afectados por los hechos

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, al lado del candidato a la Generalitat Carlos Carrizosa.

Primer plano de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, al lado del candidato a la Generalitat Carlos Carrizosa el 10 de febrero de 2021 (Horizontal)ACN

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La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y los diputados en el Parlamentdurante el otoño de 2017 Carlos Carrizosa y José Maria Espejo han presentado recursos a título individual en el Tribunal Supremo contra los indultos a los nueve presos independentistas. También piden la suspensión cautelar de la medida de gracia. Cs ha descartado recurrir como partido y ha optado por pedir la legitimación de los tres miembros de la formación que «estaban allí, a primera fila». El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha argumentado en rueda de prensa este jueves delante del Supremo que son parte afectada porque «se les privó de su derecho de participación política» y ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación de las leyes de desconexión.
«Y ganaron», ha remarcado Bal, que ha dicho que «si tenían legitimación para ir al TC, parece evidente que tiene legitimación para acudir a la sala contenciosa-administrativa» del Supremo, contra los indultos a unos condenados por «estos hechos» del otoño de 2017. «Resultaron perjudicados», ha dicho.

Los tres recurrentes reclaman que se suspendan los indultos mientras el Supremo tramita los recursos. «Tienen que estar en prisión», ha afirmado Bal, que ha explicado que también han solicitado la suspensión cautelarísima, que ha dicho que se resolverá aparte de la decisión de que tome el Supremo sobre si tienen legitimación para recurrir.

Arrimadas ha afirmado que presentan los recursos «por todos los catalanes que fueron pisados, por los catalanes constitucionalistas que pasamos miedo y vergüenza.» Los recurrentes sostienen que la libertad de los condenados por el proceso supone un «peligro para el interés general».

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