Las cantidades que el Tribunal de Cuentas reclama a los encausados por la política exterior de la Generalitat

En la sesión de este miércoles ha sido el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares. Según ha explicado el abogado y exconseller Francesc Homs en una atención a los medios a la salida, el ministerio público ha hecho una intervención «política» y la abogacía no ha hecho ninguna argumentación.

La delegada instructora ha exonerado ocho de los 42 excargos a quien había citado entre los cuales los exconsellers de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. También exonera a Javier Acín, Francesc Cubell, Jordi Serra, Virginia Astigarraga, Pau Villòria y Juan Prat.

Pago de la fianza

Los 34 excargos del Gobierno afectados tendrán que ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria. El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las cuales los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 MEUR. Por lo tanto, no tendrán que abonar la cifra individualizada en su totalidad.

La delegada instructora vincula al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a su exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al exconseller de Acción Exterior del Gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Cuentas lo responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al exconseller de Presidencia de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.

Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se los atribuye al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como a la exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.

La responsabilidad es solidaria y, por lo tanto, todos los excargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables. De esta manera, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De aquí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que tendrán que pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros.

Entre los exaltos cargos que se mantienen en este procedimentg hay Quim Nin, alcalde de Albinyana y vicepresidente de la Diputación de Tarragona. A Nin le reclaman un total máximo de 163.889,75 euros por su tarea como secretario de Presidencia de la Generalitat. A esta cantidad, en caso de mantenerse la causa, habrá que añadir los intereses que el mismo Tribunal de Cuentas establece.