Energía
El Govern obligará a los promotores de renovables a pactar con el 85% de los propietarios de los terrenos
La consellera Jordán dialogará con todos los sectores para proteger cultivos y fomentar la producción energética sostenible
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Desde la aprobación de esta norma, de finales de noviembre del 2019, los promotores han presentado 522 anteproyectos. La Generalitat ha recibido 380 propuestas de instalaciones fotovoltaicas y 142 eólicos. El órgano encargado de analizar la viabilidad del emplazamiento, denominado 'Ponencia de las renovables', ha analizado 392. Se ha dado el visto bueno a la tramitación de 253. De estas, hay 4 que ya han llegado al trámite de información pública, todas fotovoltaicas.
La concreción de la norma permitirá la supresión de la consulta previa sobre la viabilidad del emplazamiento, porque la idoneidad ya no dependerá del punto de vista de los departamentos implicados sino de una norma clara, con rango de ley.
Estímulo de las comunidades energéticas
Por otra parte, el Govern declarará de interés territorial estratégico todas las 'comunidades energéticas locales', que son plantas participadas por ayuntamientos y vecinos. El objetivo de esta medida es estimular la proliferación de instalaciones de autoabastecimiento doméstico de proximidad y democrático, como alternativa a los grandes oligopolios del sector, ha dicho Jordán. En este sentido, los proyectos de comunidades energéticas locales tendrán prioridad en la tramitación administrativa.
De acuerdo con la voluntad de estimular las comunidades energéticas locales, la nueva regulación también abrirá la puerta a la instalación de pequeñas plantas en suelo urbanizable, como en polígonos sin actividad, que están urbanísticamente planificados, pero que no se ha desarrollado.
Un equipamiento fotovoltaico de 5 MW ocupa una superficie en torno a 10 hectáreas y puede generar la electricidad necesaria para 2.500 hogares. El objetivo del nuevo Departamentd'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es que las comunidades energéticas y el autoconsumo lleguen a producir el 30% de la energía que se consume en Cataluña, que es más de la necesaria para abastecer los hogares de todo el país. No obstante, las grandes instalaciones eléctricas serán necesarias para garantizar el consumo a la industria y los servicios.
Proteger la agricultura e impedir la masificación de plantas en las mismas comarcas
La falta de límites para el volumen de las instalaciones supone una amenaza para la actividad agrícola, la producción de alimentos y la biodiversidad. El artículo 7.1 del Decreto Ley 16/2019 permite que los oligopolios energéticos alquilen los campos de cultivo por un precio que puede ser mucho más rentable que la actividad agraria. El cierre de la actividad también comporta el abandono de la ganadería, el descuido de los bosques y el despoblamiento rural.
Para impedirlo, la nueva regulación protegerá los campos de cultivo más favorables para la agricultura, profundos, planos y sin piedras, que, en ningún caso, se podrán utilizar para plantas fotovoltaicas ni eólicas. El suelo de calidad media estará sujeto a un tope de ocupación máximo del 5% de la superficie en el caso de regadío y del 10% en el de secano. La modificación establecerá que esta parte proporcional se aplique por comarcas. En cambio, no pondrá ningún límite en los campos agrícolas menos proclives al cultivo. La referencia para la calificación del suelo será la capacidad agrológica que indica el Institut Cartogràfic de la Generalitat.
La nueva norma sólo excepcionarà los campos abandonados, que se han convertido en bosque porque hace 20 o más años que ya no los cultiva nadie. En estos casos, también se podrán ubicar plantas energéticas, sea cuál sea su capacidad agrológica. Según datos del propio Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en los últimos 20 años, Cataluña ha acumulado en torno a 100.000 hectáreas abandonadas.
El tope comarcal para plantas de energías renovables también contribuirá a un reparto equitativo de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, de acuerdo con un criterio de solidaridad interterritorial.
Una propuesta por consensuar con los sectores afectados
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural quiere tener la norma modificada este otoño. Es por eso que ahora inicia una ronda de contactos que incluirá el mundo local, las entidades ambientalistas y el campesinado para contrastar puntos de vista e impulsar un acuerdo el más consensuado posible. Esta ronda de contactos también incluirá a las patronales del sector energético. La modificación de la norma vigente es una de las prioridades del nuevo Govern. Es por eso que aplicará la fórmula del decreto ley, como medida urgente, sin esperar a la tramitación de la futura ley de transición energética y del plan territorial sectorial de despliegue de las energías renovables.
En cualquier caso, esta ley sí que incorporará los cambios y se convertirá en la regulación definitiva del despliegue de las energías renovables.
Hacer posible el cierre de las nucleares
El impulso de las energías renovables tiene que servir para alcanzar el objetivo de la Ley del cambio climático (16/2017), que es la neutralidad climática. La norma establece que, en el 2030, el 50% del consumo eléctrico de Cataluña tiene que ser de fuentes renovables; condición indispensable para el cierre de las centrales nucleares. Esta proporción tiene que crecer hasta el 100% en el 2050.
Hoy, el 54% de la energía eléctrica consumida en Cataluña sale de las tres centrales nucleares que hay en marcha. El Parlament de Catalunya estableció en el 2027 como límite para el cierre de todos los reactores atómicos pero, posteriormente, el gobierno español alejó el horizonte hasta el 2035. Según la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica, Ascó I cerrará en el 2030, en el 2032 lo hará Ascó II y, finalmente, en el 2035 cerrará Vandellòs y ya no quedará ninguno nuclear en activo.
Por lo tanto, antes del cierre de las nucleares, la producción de eólica se tiene que multiplicar por 3, pasando de los 1.270 MW actuales en 4.000 el año 2030 y en 36.000 en el 2050. La fotovoltaica se tiene que multiplicar por 17,5 antes del 2030, pasando de los 344 MW actuales a los 6.000, y hasta los 12.000 antes del 2050. Para llegar en el 2050 con el 100% de energías renovables hacen falta 48.000 MW de estas dos energías. Para producirlos, hacen falta 70.000 hectáreas para placas solares. Entre los campos de regadío y de secano, Cataluña suma 855.000 hectáreas. Por lo tanto, la producción de la energía solar necesaria para el 2050 sólo requeriría la utilización del 8% de los campos de cultivo.