Absueltos los 13 estudiantes acusados de desórdenes públicos durante las protestas por las tasas universitarias en 2017

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los trece universitarios del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans para los que Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel al acusarlos de haber cometido actos vandálicos durante una manifestación contra la subida de las tasas universitarias en 2017.

En su sentencia, la Audiencia ha decidido absolverlos al considerar que no ha quedado «suficientemente acreditado que participaran o actuaran en uno u otro sentido» en los destrozos que motivaron la acusación del ministerio público, que les atribuía un delito de desórdenes públicos y otro de daños y solicitaba el pago de una multa de 5.400 euros para cada uno de ellos.

El tribunal sostiene además que, durante la causa, se vulneraron las garantías procesales de los acusados, a quienes no se informó de los delitos que se les imputaban -que la sala tacha de «indiscriminados e imprecisos»-, lo que les provocó una situación de «indefensión»:

»Nadie puede defenderse de lo que no conoce», recalca la sentencia que absuelve a los estudiantes, que se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez.

Tal como apunta la sección séptima de la Audiencia, no consta que se informara «a ninguno de los acusados, y desde su primera declaración, de los concretos hechos que les eran objeto de imputación, lo que ha determinado una imputación de carácter genérica de todos los hechos y a todos los acusados de manera indiscriminada e imprecisa, como autores/cooperadores necesarios».

Por eso, a la «falta de concreción de los hechos investigados» se suma el agravio de no haber podido recurrir ni impugnar los hechos por los que se les investigaba, «al desconocerlos formalmente».

Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2017, cuando el SEPC convocó, a través de las redes sociales y sin comunicarlo a las autoridades, una manifestación en la plaza de Universidad de Barcelona en contra de la subida de las tasas universitarias, para reclamar una rebaja del 30 % y defender su gratuidad progresiva.

Acudieron a dicha protesta unos 1.500 estudiantes, la mayoría de los cuales «en actitud pacífica», pero un grupo integrado por unas 150 personas, «vestidos con ropa oscura, capuchas, tapabocas y gafas de sol», formaron el denominado grupo «Black bloc» y cometieron actos vandálicos.

La sala ve probado que este grupo «alteró la paz y la tranquilidad pública causando el deterioro de fachadas y escaparates de entidades financieras y comerciales, así como del mobiliario urbano por donde discurrieron», si bien no concluye que ninguno de los acusados participara de dichas acciones.

Durante el juicio, el fiscal acusó a los trece estudiantes de haber «limitado los derechos» de la ciudadanía y haber «alterado de forma sustancial la paz pública» al llevar a cabo actos vandálicos, como la quema de un contenedor, el lanzamiento de pintura y el destrozo de los cristales una sucursal bancaria.