El TSJC cita a declarar la mesa de la anterior legislatura por permitir debatir sobre la monarquía y la autodeterminación

En su querella, la fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera al pleno el texto de dos resoluciones, una el 12 de noviembre del 2019 y la otra el 26 de noviembre del 2019. A la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Supremo para el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey.

El ministerio público recordaba en su escrito que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamentdel 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del proceso político en Catalunya como consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de los resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber «de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada» y los advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. A su escrito, la fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.

En el caso del debate sobre autodeterminación, el 28 de octubre del 2019 la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament«de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán». El 29 de octubre la Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimó las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs y el 12 de noviembre se debatió y aprobar al pleno. Fiscalia recuerda que el mismo 12 de noviembre el RC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las providencias y que se notificó a los afectados de su «deber» de impedir la iniciativa.

En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del Rey, la fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración donde seafirmaba que «el Parlamentreitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía». La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimó las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobar al pleno.

La fiscalía recuerda que en la sentencia de 17 de julio del 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del parlamento donde ya se reprobaba la actuación del Rey en relación al proceso En una resolución posterior -25 de julio del 2019- se volvía a reiterar al reprobación al Rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos otra vez estos incisos.

De hecho, la resolución del Parlamento de respuesta a la sentencia –la segunda que motiva la querella- también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso que «el Parlamento reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña».

La querella es contra lo entonces presidente del Parlament, Roger Torrent; quién era vicepresidente primero, Josep Costa; el secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y la secretaria cuarta, Adriana Delgado. Delgado dejó el cargo el 26 de noviembre del 2019 y fue sustituida por Rut Ribas.