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El Govern, abierto a «negociar lo que haga falta» por el aeropuerto del Prat si se respeta la directiva europea de medio ambiente

Vilagrà responde a Sánchez que el Gobierno quiere «un aeropuerto de primera» y ser «consecuente» con la protección de la naturaleza

Un pasajero arrastrando una maleta con el control de seguridad de la T1 del Aeropuerto del Prat.

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La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este sábado que el Govern está abierto «a negociar lo que haga falta» sobre el aeropuerto si se mantiene el equilibrio entre garantizar «una aeropuerto de primera» y el «respeto estricto por las directivas medioambientales». Después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, haya dicho que todavía está 20 días de margen para reanudar el acuerdo del 2 de agosto entre Govern y Ejecutivo español, Vilagrà ha dicho que «se tiene que ser serio y consecuente con las directivas europeas». «Queremos una aeropuerto de primera, ser un hub internacional, y respeto por las directivas medioambientales. En este equilibrio se nos encontrarán y, evidentemente, podemos negociar lo que haga falta», ha afirmado.
En una entrevista en el diario 'El Periódico', la ministra Sánchez dice que todavía se podría hacer la inversión en el aeropuerto del Prat pero exige al presidente Pere Aragonès que se ratifique en el acuerdo del 2 de agosto. «Si el Govern de la Generalitat, en boca de su presidente, manifiestan que aceptan y se ratifican en el acuerdo que se alcanzó el 2 de agosto, mantendríamos el acuerdo en sus términos para ampliar el Prat minimizando el impacto ecológico sobre la laguna de la Ricarda», afirma la ministra de Transportes.

Según el comunicado de prensa del Govern del 2 de agosto, el acuerdo entre los dos ejecutivos preveía «mantener el régimen de pistas segregadas, es decir, seguir utilizando la pista larga para aterrizajes y la corta para despegues». En este punto, preveía que «el nuevo Plan Director tendrá que determinar las actuaciones concretas para alcanzar este reto», que preveía que tendrían que limitarse a las dimensiones y ubicación que reduzcan a la mínima expresión cualquier afectación en entornos medioambientales protegidos, especialmente la laguna de la Ricarda, incluida en al Red Naturaleza 2000».

El DORA, el documento que prevé las inversiones, estipula –en línea con lo que también publicaba el ministerio de Transportes el 2 de agosto- que para mantener el régimen de pistas segregadas que evita la contaminación acústica en los municipios próximos, hace falta una ampliación de la pista «hacia el este», sin precisar de qué distancia. «Esta propuesta está condicionada a tener la cobertura necesaria que posibilite su ejecución materializada en un nuevo Plan Director, cuyo proceso de tramitación se prevé largo por su dependencia de varias administraciones y sus organismos competentes, incluida la Comisión Europea», afirma el documento.

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