Sociedad
El Govern impulsa cambios en los protocolos de actuación ante casos de violencia machista
Verge dice que se quiere mejorar la respuesta institucional y definir un nuevo modelo de atención más individualizado
La consejera Verge ha explicado que entre las diferentes acciones previstas se ampliarán los servicios de la red especializada y se ofrecerá un nuevo modelo de abordaje de las violencias sexuales, con programas específicos para niñas, adolescentes, mujeres mayores y mujeres con discapacidad, por ejemplo.
También se fortalecerá la coordinación del circuito de prevención y atención con los entes locales, garantizando «equidad territorial y desplegando una perspectiva comunitaria».
Aparte, se mejorará el acceso a la prestación y a las indemnizaciones a las mujeres que han sufrido violencia, así como a sus hijos, y se desarrollarán herramientas y procesos en ámbitos como el educativo, el obstétrico, el digital o el político.
El nuevo Protocolo de actuación antelos feminicidios o la tentativa de feminicidio, por ejemplo, incide en la reparación del daño actuando en el entorno familiar, comunitario, educativo y también en las profesionales que están trabajando. Así, por ejemplo, en todos los casos que haya niños y adolescentes víctimas también de violencia machista vinculada al feminicidio o su tentativa, el trabajo se iniciará con el sistema de protección a la infancia.
El documento también apunta hacia el futuro, donde se generará una metodología específica por el análisis de cada una de las situaciones, así como la actualización y mejora del protocolo de personaciones.
Lucha contra la violencia institucional
La consejera ha puesto énfasis en la necesidad de hacer frente a la violencia institucional y ha citado como ejemplos de esta la omisión a la hora de activar un protocolo en una administración o universidad o no tener en cuenta los antecedentes de violencia a la hora de estipular los derechos de custodia de una visita, por ejemplo.
«Cada situación de violencia institucional supone una grave distancia entre los derechos reconocidos y los derechos efectivamente disfrutados. Implica una quiebra de la obligación de garantizar las condiciones que permitan a las mujeres en situación de violencia reconstruir sus vidas», ha afirmado.
Por eso, ha insistido en la necesidad de la coordinación y de un nuevo modelo de atención más individualizado. «No tenemos que hacer que las mujeres se adapten a los servicios existentes sino que los servicios se adapten a las necesidades de las mujeres», ha añadido.
En este sentido, ha dicho, se desarrollan actuaciones en ámbitos como el policial, el judicial o los forenses que intervienen en procesos judiciales de violencia machista.