El Departamentde Justícia y los sindicatos de prisiones han firmado este jueves el acuerdo que permitirá la jubilación anticipada de los funcionarios penitenciarios a los 60 años o a los 59 si acreditan 35 años de servicio. La medida afecta a los 3.700 trabajadores de las prisiones catalanas, y se podrán adherir unos 1.500 funcionarios en los próximos diez años. El acuerdo, que tendrá un coste de 11 millones de euros en diez años y es similar al de los funcionarios del estado, lo tiene que validar el gobierno español y por eso se presentará al Senado una enmienda a los presupuestos generales del estado.
Por otra parte, el centro de derechos humanos Irídia y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH) de la UB han reclamado este jueves que el departamento no saque adelante inmediatamente la reforma de la circular de contenciones mecánicas anunciada la semana pasada, sino que haya una «evaluación profunda» y más larga. La circular, que entró en vigor hace unos siete meses, establece criterios más estrictos a la hora de hacer las contenciones de los internos, y eso ha sido criticado por los sindicatos, que lo vinculan a un incremento de la inseguridad.
En cambio, Irídia y el OSPDH piden que no haya una «regresión de derechos». Así, recuerdan que la circular 2/2021 se hizo para adecuarse a las recomendaciones internacionales, de entidades de derechos humanos, del Síndicde Greujes y otras instituciones como el Consejo de Europa. En este sentido, critican que el departamento no haya hecho público ningún informe que argumente que la aplicación de este nuevo protocolo haya causado más agresiones a funcionarios.
Por eso, piden que cualquier modificación de la circular vaya encaminada a la garantía de derechos de los presos, y que no se vincule eso a otras demandas laborales de los sindicatos de funcionarios.