Comunicación
Los presidentes de los Consejos del Audiovisual catalán y valenciano critican que la nueva ley «limita» sus funciones
Xirgo y Vidal afirman que el texto es «claramente regresivo» en el marco competencial
El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Xevi Xirgo, y su homólogo valenciano, José María Vidal, han criticado que la nueva ley general de comunicación audiovisual «limita» sus funciones. En un artículo conjunto en 'Vilaweb', Xirgo y Vidal lamentan que el texto final confirma sus temores y se vuelve «claramente regresivo» en el marco competencial autonómico. Así, afirma que los consejos audiovisuales quedan privados de mecanismos de control en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición y con las plataformas de intercambio de vídeos. Lamentan que se ha actuado en función de los intereses de particulares y no en defensa del consumidor y reivindican el papel y la experiencia de sus organismos.
Insisten en que la nueva regulación menosprecia la experiencia acumulada por los reguladores de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía y aseguran que eso supone un «menosprecio» también a su población, el 45% de la del estado.
Por otra parte, valoran que la norma también «ha hecho corto» en la aportación de las plataformas a la producción local y a la diversidad cultural. En este sentido, consideran que una distribución del 5% de los ingresos generados en España por estas plataformas en la producción de obra audiovisual europea denota una «falta de ambición» que pone en riesgo el tejido industrial. Añaden que esta situación se agrava por la definición del concepto de productos independientes que beneficia los grandes grupos mediáticos.
Por todo ello, consideran que la futura ley del audiovisual es «corta en ambición» y sesgada a la hora de preservar los intereses del sector. Además, afirman que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana no garantiza la presencia adecuada de todas las lenguas oficiales.
Los dos presidentes muestran su perplejidad porla transposición de una normativa europea que perseguía la eficacia, la diversidad y la defensa del audiovisual local, y que alertan que acabará representando todo el contrario. «Los efectos de este error los pagaremos durante años y los principales afectados serán los consumidores y los productores, que tendrían que ser los principales beneficiarios», valoran.