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El gobierno español fija unos servicios mínimos del 90% para la huelga de vigilantes del Prat de la próxima semana

La Delegación del Gobierno recuerda el nivel de alerta terrorista y apunta que el aeropuerto es una «infraestructura crítica»

Acumulació d'usuaris per fer el control de seguretat a l'aeroport del Prat.

El gobierno español fija unos servicios mínimos del 90% para la huelga de vigilantes del Prat de la próxima semanaACN

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El gobierno español ha decretado unos servicios mínimos del 90% para la huelga indefinida convocada por los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat que empieza el próximo jueves. En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha detallado que estos servicios se tendrán que aplicar a los tres turnos que el comité de centro ha establecido de jueves a lunes de 4 a 7 horas, de 9 a 11 h y de 16 a 18 h. Desde la administración se argumenta el porcentaje fijado en el nivel cuatro sobre cinco de alerta terrorista que hay actualmente y el hecho de que el aeropuerto de Barcelona sea considerado una «infraestructura crítica». Finalmente, se recuerda que la huelga se producirá en uno de los periodos de más afluencia de viajeros al coincidir con las vacaciones de verano.

A finales de julio los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona decidieron ir a una huelga indefinida del jueves al lunes a partir del mes de agosto. Los miembros del comité de empresa votaron hacerlo en tres turnos de paradas, uno en la madrugada, uno por la mañana y otro por la tarde. Según los convocantes, el paro se debe a «el incumplimiento de los pactos» por parte de la empresa I-Sec, entre los cuales respetar los descansos del personal de 10 minutos por hora y la conciliación familiar, así como prácticas «de abuso de autoridad» y presión sobre los trabajadores.

Desde la Delegación del gobierno indican que los servicios ofrecidos por I-Sec Spain Aviation Security son «esenciales» para la terminal. Sin embargo, indican que una alteración al funcionamiento del Prat implicaría «graves daños a la vida o la salud de la población», una grave contaminación medioambiental o interrupción de la actividad económica e institucional.

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