Cataluña, a la espera de la luz verde del gobierno central para contener los alquileres

Cataluña sigue a la espera de que el gobierno central le dé luz verde para aplicar la contención de los alquileres cuando se cumplen, este miércoles, tres meses desde que el Departamento de Territorio remitiera al Ministerio de Transporte los 140 municipios en los cuales quiere limitar el alza de los precios.

Después de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, la Generalitat inició el pasado 22 de junio los trámites para aplicar la norma, ya que tienen que ser los gobiernos autonómicos los que soliciten, si así lo creen oportuno, acogerse a la normativa.

Cataluña es, hasta hoy, la única autonomía que lo ha requerido y difícilmente se sumará ninguna otra, ya que las once comunidades gobernadas por el PP han dejado claro que no prevén aplicar esta norma.

El pasado 22 de agosto, el ejecutivo catalán envió al Ministerio de Transportes la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, unas áreas en las cuales, si se recibe la luz verde de la administración central, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años.

Además, cuando se trate de un gran tenedor, es decir, con cinco o más inmuebles en propiedad, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.

La legislación estatal prevé que, una vez comunicada la propuesta de la comunidad autónoma, el ministerio tiene que publicar en un plazo máximo de tres meses una resolución que recoja la relación de las áreas de mercado residencial tensionado declaradas.

Con todo, desde Transportes se consideró que el plazo no empezó a correr el pasado 22 de agosto, ya que según su versión la documentación remitida por la Generalitat era incompleta, de acuerdo con las fuentes consultadas por EFE.

Los escollosque han retrasado la luz verde por parte del ministerio son dos: por una parte, la citada validación de las zonas tensionadas, para la cual el ministerio ha pedido al Govern que adjunte previamente un plan de acción, mientras que el ejecutivo catalán considera que eso no es necesario; porotro, la conformación de un índice de precios estatal, ya que el Govern se basa en datos de su empresa pública Incasòl y el ministerio sostiene que necesita una base común para el conjunto de autonomías.

Eso, en un contexto postelectoral y de conformación de un nuevo gobierno central, lo cual ha dificultado avanzar en la materia.

En el nuevo ejecutivo formado por Pedro Sánchez, las cuestiones que en Cataluña son competencia del Departamento de Territorio se dividen en dos: el relativo a vivienda recae en Isabel Rodríguez, nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana; e infraestructuras, Óscar Puente, titular desde este martes de Transportes y Movilidad sostenible.

Los alquileres, disparados

En Cataluña, el alquiler medio del segundo trimestre del 2023 llegó a 830,3 euros en el mes, según los últimos datos disponibles de las fianzas depositadas en el Incasòl. Por provincias, las medias son de 910,8 euros en la de Barcelona, 638,3 euros en la de Girona, 570,4 euros en la de Tarragona, y 475,4 euros en la de Lleida.

En la ciudad de Barcelona, el alquiler no deja de crecer y se situó en el segundo trimestre de este año en 1.123,5 euros en el mes, un 3,3% más que en el trimestre anterior y un 12,7% más que un año antes.

No sólo la Generalitat reclama celeridad en la aplicación de la norma, sino también el gobierno municipal de la capital catalana, ahora en manos socialistas. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona, con el voto a favor del PSC, ha pedido recientemente al gobierno español que agilice y permita «de forma inmediata» aplicar la norma.

Cataluña ya reguló los alquileres en el 2020 durante un año y medio, en este caso mediante una ley autonómica que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional. El tiempo en el cual estuvo vigente coincidió con la irrupción de la pandemia, lo cual ha dado lugar a valoraciones dispares sobre su impacto.

Además, el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre la constitucionalidad de la nueva norma estatal después de admitir a trámite en septiembre el recurso del PP, así como aquellos de los gobiernos de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía para considerar que invade sus competencias.

De hecho, ERC, que comanda en solitario el Govern, resultó clave para que la ley fuera aprobada en el Congreso, pero en el Parlament votó a favor de presentar un recurso de inconstitucionalidad después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminara que varios artículos y disposiciones vulneran las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo que fija el Estatuto.