Federatur lamenta que el Consejo de Garantías haya avalado el nuevo decreto para regular los pisos turísticos
Avisa de que la normativa supondrá la extinción del 46,43% del alojamiento reglado en Cataluña
El presidente de Federatur, David Riba, una vez conoció la nueva ley de licencias de pisos turísticos, el pasado martes 7 de noviembre.
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha criticado las conclusiones del informe del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto presentado por el Gobierno para regular el sector. La patronal ha insistido en que el principal problema de la nueva normativa no es jurídico, sino que radica en su contenido. Ha avisado de que supondrá la práctica extinción de su actividad y, por lo tanto, del 46,43% del alojamiento reglado en Cataluña. Federatur ha apelado a la responsabilidad de los partidos para que no convaliden el decreto y ha insistido en la necesidad de iniciar un proceso parlamentario «transparente con la participación de expertos independientes». Federatur ha recordado que el impacto económico de la actividad fue de 21 millones de euros en el 2022.
El sector ha insistido en que su postura contraria al decreto se centra en el fondo y no en la forma. David Riba, presidente de Federatur, ha afirmado que su principal preocupación no es jurídica, sino que radica «en los millares de pequeñas y medianas empresas catalanas que en un periodo de cinco años se verán obligadas a cerrar por culpa de la nueva regulación».
Ha recordado que Cataluña cuenta con un total de 95.688 viviendas de uso turístico, lo que representa 526.284 plazas, un 46,43% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio. «Representamos un 2,56% del parque total de viviendas de Cataluña, una proporción tan baja que en ningún caso puede tener incidencia en la falta de vivienda», ha insistido el presidente de Federatur.
Federatur ha indicado que el ejemplo más significativo de esta «poca o nula incidencia» es el caso de Barcelona, donde las licencias para nuevas viviendas turísticas están congeladas desde 2014, hecho que hace de todo imposible su responsabilidad en el actual incremento de precios en la ciudad.
También ha recordado que se ama que en el 2022 el impacto económico, directo e indirecto, de las viviendas de uso turístico catalanas fue de unos 21 millones de euros. Ha añadido que estos cifra mayoritariamente se destina fuera del alojamiento, ya que el 74,3% corresponde a gastos hechos por los viajeros en comercio, restauración, visitas culturales o atracciones turísticas, entre otros.
Posibles acciones legales
A pesar del dictamen conocido viernes, Federatur sigue insistiendo en pedir la no convalidación del decreto ley y poder iniciar un proceso parlamentario transparente con la participación de expertos independientes de los diferentes sectores afectados. «Nosotros apostamos por una regulación justa y equitativa que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que genera riqueza y actividad económica de forma directa y tiene mucha incidencia en los comercios y negocios de proximidad», ha apuntado Riba. Al mismo tiempo, ha indicado que una regulación pasa necesariamente por llevar a cabo un análisis previo y un diagnóstico profundo de la situación.
Además, ha explicado que el equipo jurídico de la federación está valorando las posibles acciones legales a emprender en caso de que el decreto ley se acabe aprobando durante las próximas semanas en el Parlamento. «Hay muchos aspectos que el Consejo de Garantías Estatutarias no ha analizado o lo ha hecho de forma poco rigurosa», ha considerado Riba que ha dicho que «si la norma se acaba convalidando así, la aparición de nuevos litigios en los municipios afectados estará garantizada».