Federatur asegura que el decreto sobre los pisos turísticos pone en riesgo la mitad del turismo en Cataluña

El presidente de Apartur y miembro de Federatur, Enrique Alcántara, considera que el decreto que regula las Viviendas de Uso Turístico en Cataluña (HUT) pone en riesgo la mitad del turismo en Cataluña y advierte que en cinco años desaparecerá uno «amplia mayoría» de este tipo de alojamiento. «Eso es poner en riesgo el 50% o el 45% del turismo en Cataluña, es un riesgo muy elevado», señala en una entrevista a la ACN.?

Según Alcántara, el decreto es «ruinoso» y «extremadamente perjudicial» a Cataluña: «Habría localidades en la costa que quedarían en la ruina más absoluta, como Cambrils, Salou, la Escala...». También avisa de que, en el caso de Barcelona, podría hacer que la ciudad no pudiera acoger grandes acontecimientos como el Mobile o la Copa América. Por otra parte, el responsable de la patronal confía en que el texto no supere la convalidación en el Parlamento.

La norma prevé la regulación en 262 municipios que concentran 95.000 pisos turísticos y que los ayuntamientos sólo puedan dar luz verde si el planeamiento justifica que hay bastante suelo para viviendas. Les licencias estarán limitadas a un máximo de diez pisos turísticos para cada 100 habitantes, un tope que se supera en 47 poblaciones, donde sobrarían 28.000 apartamentos turísticos, según la Generalitat.

El decreto, sin embargo, todavía tiene que superar el trámite de convalidación en el Parlamento y en este punto Alcántara sostiene que el Govern podría no contar con los apoyos necesarios. «Todavía no nos hemos encontrado con ningún partido político diciendo que eso es un buen decreto», afirma Alcántara, que considera que eso es «muy significativo». Según uno de los máximos representantes de la patronal de los apartamentos turísticos, «cada día» hay reacciones de diferentes alcaldes y municipios contrarios a la nueva normativa.

Con todo, Alcántara asegura que el sector agotará «a todas las vías» para que el texto no salga adelante. Primero, lo intentará por la vía política y, si no, por todas las vías judiciales. El presidente de Apartur lamenta que una normativa como esta no se haya hecho mediante una proposición de ley con las propuestas de otros partidos, de expertos y agentes del sector. En cambio, dice, se ha optado por el decreto ley «que evita cualquier debate» a pesar de tener, insiste, un efecto sobre el 50% del turismo.

El presidente de Apartur y miembro de Federatur reitera que se trata de un texto «extremadamente malo» para todos los ciudadanos que dependen del turismo, y reprocha al Govern que no se haya tenido en cuenta el impacto que tendrá sobre el sector ni sobre los municipios y pone de ejemplo el caso de Barcelona, donde cree que con la aplicación de este decreto se podrían perder citas importantes, como la Copa América o el Mobile World Congress.

En más, sostiene que el decreto que «falla mucho en el como de las cosas» y se pregunta si se ha previsto cómo los ayuntamientos afrontarán los millares de recursos que se pueden encontrar sobre la mesa.

Entender las realidades de cada sitio

Para|Por Alcántara, el «importante es entender muy bien las realidades de cada sitio». «Tratar Barcelona igual que la Val d'Aran no tiene ningún tipo de sentido», añade. Según el miembro de Federatur, prohibir los HUT en esta zona hará que «las pistas y los restaurantes estén vacíos. «Tienes que pensar en la construcción que has hecho a la Val d'Aran, si ha sido orientada a la segundas residencias o en la población local. ¿Cuánta vivienda social se ha construido en la Val d'Aran durante los últimos ocho años? Eso es lo que hay que resolver», argumenta.

En la misma línea, subraya que hay que desvincular los apartamentos turísticos con la falta de vivienda residencial a Barcelona, donde apunta que hay un problema de oferta. En este sentido, recuerda que hace nueve años que el número de licencias turísticas está congelado y en el caso de Ciutat Vella, 18 años. «Y durante estos años, el precio de la vivienda no ha dejado de subir», enfatiza Alcántara, que revela que es un hecho que el mismo Ayuntamiento de Barcelona reconoce.

En la entrevista, el presidente de Apartur también lamenta que la teniente de alcalde, Laia Bonet, aplaudiera el decreto aprobado por el Govern y explica que está a la espera de poder exponer su punto de vista tanto a Bonet como a la consejera de Territori, Ester Capella. «Si intentan resolver el problema de la vivienda desde el turismo, no saldrán adelante», advierte al responsable de la patronal, que critica que ni Bonet ni Capella les haya recibido. «Parece que hay un grupo de políticos que no quieren recibir a los actores sobre los que están regulando», remacha.

Por otra parte, sobre el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, Enrique Alcántara, comenta que sólo analizaba tres aspectos concretos del decreto y que el problema de la normativa «es el fondo» y el «contenido». «Este es el gran tema de debate», remarca.

Recientemente, Federatur ha hecho público un manifiesto que a mediados de semana tenía la adhesión de 50 entidades que representaban más de 8.000 empresas de diferentes sectores en el qué se pedía que el decreto no se convalidara el decreto y la creación de una comisión de expertos independientes para hacer una «diagnosis rigurosa de la situación para no hacer desaparecer un sector con un impacto económico de 21.000 millones de euros». El manifiesto también constata que los HUT suman 102.798 viviendas y representan el 2,56% del total en Cataluña.

Les estancias turísticas en pisos pueden hacerse en dos tipos de alojamiento, según la licencia, las Viviendas de Uso Turístico (HUT), que son los que regula el decreto del Govern, y los apartamentos turísticos estrictamente hablando, que son bloques enteros, al estilo de hoteles, pero con pisos individuales, y que requieren de trabajadores.

Aunque coloquialmente se utiliza indistintamente el término piso turístico para los HUT y los apartamentos, la nueva normativa sólo regula los primeros. Los HUT sólo se pueden alquilar por periodos de hasta 31 días seguidos, y pueden estar en edificios residenciales. Desde el Govern, consideran que este tipo de alojamiento sí que supone una reducción de las viviendas dedicadas al uso residencial.