El gobierno estatal propondrá a las autonomías prohibir el móvil en primaria y regularlo en secundaria

El Ministerio de Educación propondrá a las Comunidades Autónomas prohibir el teléfono móvil a primaria y regularlo a secundaria. Si la medida sale adelante, los niños no podrán utilizar teléfonos móviles en la escuela hasta los doce años, y a partir de esta edad sólo lo podrán hacer bajo supervisión y demanda del profesor, en caso de que sea necesario para el proyecto pedagógico de su asignatura. La ministra Pilar Alegria ha explicado la iniciativa en rueda de prensa y ha añadido que el ministerio tiene previsto duro la propuesta a una reunión el próximo enero con las autonomías y el Consejo Escolar. Alegría también ha indicado que buscará consensuar la medida con los diferentes actores implicados.

Según ha añadido la ministra, la propuesta para secundaria incluye también que los alumnos no puedan utilizar los aparatos ni a la hora del patio ni al comedor, en los centros donde se ofrece este servicio para la etapa de secundaria.

"La educación no puede ser la respuesta a todo pero sí tiene que ser parte de la solución", ha afirmado la ministra. El Ministerio también se compromete a seguir trabajando en la formación digital de docentes y alumnos para alcanzar a uno os "correcto y saludable" de los dispositivos móviles, así como el conocimiento y los riesgos y beneficios de lo mismo.

Cotizaciones de la FP

Alegría ha anunciado la propuesta en la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar este miércoles, en el marco de la cual también se ha abordado la próxima entrada en vigor de las cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de los alumnos de Formación Profesional.

Los alumnos cotizarán por el tiempo de prácticas que hagan a las empresas, que será de al menos el 25% de las horas lectivas. La Seguridad Social bonificará el 95& de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en el 2024.

Al mismo tiempo, a la reunión se ha aprobado la distribución de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la FP, la educación infantil, la enseñanza de programación y robótica y la escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania.