La oficialidad del catalán se aplaza: el tema cae de la agenda oficial de los 27 y se tratará sólo a nivel técnico

La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea no se debatirá durante el próximo Consejo de Asuntos Generales, previsto para el 29 de enero, y se tratará sólo a nivel técnico. Así lo avanzó este viernes l'Ara y lo confirmó la ACN a través de fuentes diplomáticas. Según indicaron voces del Consejo de la Unión Europea, la presidencia belga -que ha tomado el relevo de España- está esperando una propuesta alternativa sobre la oficialidad que sea «compatible con los tratados». En este sentido, pide que la propuesta española vaya acompañada de un análisis de impacto administrativo, jurídico y financiero y apunta que esta «todavía tardará tiempo a publicarse».

Desde que España asumió la presidencia del Consejo, el gobierno español incluyó la cuestión del catalán en cuatro debates durante el semestre europeo. A pesar de los avances que se hicieron, Albares presentó una propuesta adaptada y la Comisión Europea presentó un informe preliminar sobre costes-, ninguno de los debates entre los 27 concluyó con una votación final.

A pesar de no cerrar la oficialidad del catalán, el gallego y lo ceba durante el segundo semestre de 2023, España remarcó en el último Consejo de Asuntos Generales -celebrado en Bruselas el pasado 12 de diciembre- la «voluntad» de Bélgica para seguir impulsando la medida. En una rueda de prensa, el secretario de Estado para la Unión Europea del gobierno español, Pascual Navarro, se mostró confiado que los trabajos avanzarían «rápidamente» para encontrar una solución «jurídicamente aceptable» y que llegara «lo antes posible».

Pendientes de nuevos informes

Para que la oficialidad del catalán salga adelante, las delegaciones de la Unión Europea hablan de la elaboración de dos informes, los dos todavía en proceso de elaboración. Por una parte, el de los servicios jurídicos del Consejo, que tiene que evaluar si la modificación que se propone se ajusta al derecho de la UE.

La otra hace referencia a la Comisión Europea, que tiene que estudiar el impacto de funcionamiento. Si bien el ejecutivo comunitario presentó un documento preliminar el diciembre pasado -cifraba en 132 millones de euros anuales el coste de hacer oficiales el catalán, el vasco y el gallego-, fuentes del departamento de Acción Exterior consideran que este «no se puede considerar como el informe definitivo». De hecho, la Comisión indicó que la estimación se hizo en base a los cálculos que se llevaron a cabo el año 2015 por el gaélico y que habría que tener en cuenta otros factores por ser «más esmerada».

«Lo consideramos una primera valoración, porque muchos estados han pedido más sobre el impacto general, más allá de los costes», indican desde Exteriores.