Acepta 3 años y medio de prisión uno de los principales acusados vinculados al supremacismo blanco en Lleida

La Audiencia de Lleida ha acogido este jueves el juicio a cuatro hombres que fueron detenidos en la Pobla de Cérvoles (Garrigues), el Campello (Alicante), Ronda (Málaga) y Pamplona entre en septiembre y diciembre de 2020 en una operación policial de ámbito estatal vinculada a la supremacía blanca. Estaban citados por los delitos de odio, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Los dos principales procesados han reconocido las acusaciones a cambio de una rebaja de la pena después del acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas. Así, ambos hombres han aceptado 2 años y medio de prisión por un delito de odio contra varios colectivos, como los extranjeros. Además, uno de ellos ha aceptado un año más de pena por tenencia de armas.

En concreto, el ministerio fiscal consideraba que los procesados defendían la supremacía blanca a través de Internet o canales de mensajería instantánea con la publicación de mensajes que «denigraban a personas por no ser de raza blanca, heterosexuales, europeas o tener discapacidad o profesar determinadas religiosas, llegando a pedir la exterminación de alguna de ellas», según recoge el escrito de acusación.

Aparte de los años de prisión, las penas establecidas a los dos principales procesados, uno de los cuales fue detenido en la Pobla de Cérvoles (Garrigues), contemplan también multas de 4.500 euros para cada uno. También se los inhabilita para ejercer cualquier profesión o actividad educativa, deportiva o de ocio por un periodo de cinco años después de cumplir la condena.

Por otra parte, la Fiscalía acusaba también a los procesados de un delito contra la salud pública por tener una plantación de marihuana, que destruyeron, en el pueblo de Les Garrigues. A raíz de la conformidad con las defensas, el ministerio fiscal ha retirado estos cargos. De esta manera, uno de los procesados ha sido absuelto sólo empezar la vista.

En cambio, el último de los cuatro acusados ha sido juzgado por otro delito contra la salud pública y de tenencia de armas prohibidas.

«Caza de brujas»

Tres de los cuatro abogados de la defensa han criticado ante los medios de comunicación el procedimiento de la policía durante la investigación. El letrado, Albert Pons, que ha representado al acusado con la pena de prisión más elevada, cree que la causa se ha convertido en una «caza de brujas» con la imputación de diferentes delitos a los acusados que «no tienen cabeza ni pies», los cuales han hecho que la petición de condena para su cliente bordeara los diez años. Por este motivo, Pons ha defendido el acuerdo de conformidad al cual ha llegado con la fiscalía para rebajar la pena hasta los 3 años y medio.

En este sentido, otro de los abogados de la defensa, Fernando Oriente, ha explicado que las peticiones de condenas del ministerio público son «desproporcionadas» con los hechos que se han juzgado. Según dice Oriente, eso el ha casi forzado a pactar estas conformidades que en muchos casos no procederían.

Asimismo, los abogados de la defensa han criticado la investigación de los Mossos d'Esquadra. A modo de ejemplo, Pons ha señalado que la policía pensó que «encontraría una gran organización criminal que tenían que desarticular y realmente encontraron unos hechos muy leves, que podríamos llegar a considerar que no son constituidores de delito.» Oriente, por su parte, ha criticado que el cuerpo policial «escondiera» la causa a la justicia durante «mucho tiempo».

«La amenaza era factible»

Durante el juicio ha declarado de manera telemática uno de los Mossos d'Esquadra que participó en la investigación. El agente ha explicado que detectaron en canales de mensajería instantánea o internet un manifiesto y mensajes de parte de los acusados contra diferentes colectivos o enalteciendo asesinatos supremacistas.

"En las redes mucha gente dice gamberradas, pero tenemos que investigar aquello que consideramos factible. La amenaza de los procesados la vimos factible. Además, ya habían dado un primer paso como ir a vivir a una zona aislada", ha declarado el agente de los Mossos d'Esquadra.

Y es que según la policía, dos de los procesados vivieron durante unos meses en dos casas rurales en la Pobla de Cérvoles, ya que tenían el objetivo de crear "comunidades blancas" aisladas y autosuficientes en entornos rurales. Estos grupos se tenían que abastecer de armas y prepararse para lo que denominaban "la guerra racial".

La policía intervino en el marco de la operación diferentes armas como una espada, puños americanos, machetes, cuchillos o munición ilegal.