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Sucesos

Desarticulan una red criminal que explotaba mujeres sexualmente en pisos prostíbulos de Mollet del Vallès y Manresa

La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a seis víctimas y detenido diez personas relacionadas con los hechos

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una de las entradas y cacheosPolicía Nacional / Guardia Civil

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La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que explotaba mujeres sexualmente y ha liberado a seis víctimas que se encontraban en dos pisos prostíbulos de Manresa y Mollet del Vallès (Vallès Oriental). El grupo estaba liderado por un hombre y una mujer que obligaban las chicas a estar disponibles las 24 horas del día y las hacían vivir en condiciones de insalubridad. Los agentes han detenido a diez individuos por presuntos delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la salud pública, la integridad moral y por organización criminal. La banda también traficaba con sustancias estupefacientes y obligaba a las víctimas a incentivar a los clientes a comprar cocaína.

Según han apuntado fuentes policiales, la organización criminal captaba a las víctimas en países de América del Sur, principalmente Paraguay, mediante el engaño. Se beneficiaban de su situación de vulnerabilidad y les ofrecían unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Otras mujeres eran captadas ya en el Estado siguiendo el mismo modus operandi.

La red delictiva sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las víctimas acabaran instalándose en dos pisos prostíbulos que el grupo tenía en Manresa y Mollet del Vallès.

Una vez se encontraban bajo el control físico de los miembros del entramado criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes. Les informaban de que habían contraído una deuda económica con la organización que tenían que pagar a través de sus servicios sexuales.

Les hacían estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuvieran indispuestas, y mantener relaciones sexuales sin protección. Además, las chicas sufrían violencia física si el cliente lo requería e incluso las grababan.

Les víctimas no disponían de libertad de movimiento, sino que la red criminal tenía total control sobre ellas. Les mujeres eran confinadas a los dos pisos-prostíbulos donde estaban amontonadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres.

Además, en uno de los inmuebles estaban controladas con cámaras de videovigilancia. En las dos viviendas se traficaba con sustancias estupefacientes obligando las afectadas a incentivar a los clientes para comprar cocaína y consumirla ellas mismas de manera forzada si el servicio así lo pedía.

Investigación policial

La organización criminal mantenía una sólida jerarquía con un reparto de roles perfectamente definido en aquello relacionado con la captación, traslado y explotación final. La dirección era compartida entre un hombre y una mujer. El resto de niveles de la organización obedecían las instrucciones de la dirección, haciendo especial énfasis en uno de los miembros encargado de captar a las víctimas, el cual aprovechaba sus conocimientos como agente de viajes para introducirlas al Estado.

En el marco de la operación, que se ha nombrado Joya-Aguyje, se han hecho entradas y cacheos en Gavà, Manresa y Mollet del Vallès. Los agentes intervinieron más de 13.000 euros en efectivo, dieciocho teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica para hacer sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas. Además, la policía ha bloqueado once productos bancarios, tres vehículos y un inmueble de los detenidos.

En el momento de la liberación se clausuraron los pisos utilizados como prostíbulos y la ONG Fundación Apic-Acam se hizo cargo de la atención de las chicas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vizcaya y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona.

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