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Sucesos

Sancionan con un arresto de 15 a 30 días a dos militares del Bruc por promover el sorteo de una prostituta

La justicia no ve delito en los hechos, pero la vía disciplinaria lo ve una falta grave

Miembros del ejército durante la ceremonia militar en honor a su patrona de la Inmaculada, en el cuartel El Bruc de Barcelona en una foto de archivo de 2018.EFE

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El Ministerio de Defensa ha sancionado con un arresto de entre 15 y 30 días a los dos militares del cuartel del Bruc de Barcelona que organizaron en noviembre del 2022 el sorteo de los servicios de una prostituta, según ha adelantado el diario ‘Ara’. En marzo el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona archivó la denuncia pero la vía disciplinaria interna se cerró este enero pasado con una falta grave, por «actos contrarios a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o desprecio a las Fuerzas Armadas». Los dos sancionados son un cabo y un sargento de infantería.

El caso surgió a raíz de la denuncia interpuesta por un coronel de infantería del ejército español por el supuesto sorteo de una prostituta en el cuartel del Bruc de la capital catalana a través de un grupo de Whatsapp con motivo de la festividad de la Purísima.

El juzgado archivó el caso al considerar que los hechos denunciados no son delictivos, aunque admitía que podrían comportar sanciones disciplinarias. «El sorteo no respondía a ninguna realidad, ya que en ningún momento consta que se llegara a solicitar favores de ninguna prostituta; de hecho, el ganador del sorteo fue finalmente premiado con una panera navideña y no con una prostituta; el sorteo no se pudo manipular ya que se celebró antes de que se conociera la publicación» en la prensa.

En el auto, la magistrada aseguraba que no se destinó dinero público al sorteo, que se difundió por un grupo privado de mensajería y que no tenía el permiso de ningún mando. El escrito recordaba que la prostituta no se llegó a contratar por los participantes en el sorteo de principios de diciembre, y que el cartel que anunciaba el sorteo estaba hecho con tres fotografías de mujeres desnudas y anónimas extraídas de internet y con la cara pixelada, por lo que no se podían identificar. El cartel estuvo colgado del 29 de noviembre al 1 de diciembre en un espacio restringido de la compañía de infantería. Por todo eso, la magistrada no ve que haya ningún delito de inducción a la prostitución, explotación sexual o tráfico de personas.

La magistrada tampoco ve un delito de odio o discriminación hacia ningún colectivo, ya que los comentarios, «claramente desafortunados», no incitaban a despreciar, vejar o mofarse de las prostitutas ni las mujeres en general. El auto recuerda que el sorteo se dirigió a los 62 miembros del chat y que sólo dos hicieron comentarios. Los autores de la idea del sorteo admitieron los hechos ante sus mandos y manifestaron su arrepentimiento, asegura el juzgado, que ha tomado declaración a 66 personas.

Dos militares del cuartel de Bruc propusieron a la sesentena de compañeros de un grupo de WhatsApp participar en un sorteo de una prostituta y, con el dinero que recaudaran, contribuir a pagar los gastos de la fiesta de la Purísima. Los primeros mensajes sobre la rifa los enviaron el 22 de noviembre un cabo y un sargento en un chat de WhatsApp de una de las compañías del cuartel. Allí, se repitieron comentarios vejatorios y denigrantes sobre la chica. El caso generó un fuerte rechazo por todo el Estado y también dentro del gobierno español.

Precisamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó el comportamiento de los militares y aseguró que los responsables de los mensajes tendrían que ser expulsados de las fuerzas armadas porque los mensajes vejatorios no se correspondían con los «valores» del ejército.

Un oficial del Bruc y uno del cuerpo jurídico militar trasladado a Barcelona se encargaron de hacer la investigación interna, que consistió en entrevistas con todos los miembros de la compañía de fusileros que formaban parte del chat. Tanto el ejército como el ministerio negaron tener constancia del sorteo, pero remitieron el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que analizara si podía ser constitutivo de un delito. La fiscalía se opuso y el juzgado lo archivó.

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