La Audiencia de Barcelona absuelve de detención ilegal a un mosso que arrestó a un activista antidesahucios sin motivo

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un antidisturbios de los Mossos a pagar 675 euros por haber lesionado un activista en un desahucio en Barcelona en el 2019. El agente acusó al hombre de haberlo agredido previamente y lo acusó de atentado a la autoridad. No obstante, un vídeo desmintió claramente la versión policial, ya que se veía como el agente arrestaba al hombre sin ninguna agresión previa. Por eso el agente fue juzgado por detención ilegal y lesiones. Pero el tribunal lo absuelve de detención ilegal y sólo lo condena por lesiones leves. La acusación particular y la fiscalía han recurrido la sentencia al considerarla poco «racional».

En la sentencia, en la cual ha tenido acceso a la ACN, los magistrados dicen que mientras el activista aplaudía la resistencia contra el desahucio el subinspector de la Brimo pasó por su lado. Lo cogió del brazo izquierdo para apartarlo mientras el activista seguía aplaudiendo con los brazos arriba, «cosa que pudo dar lugar a un posible frotamiento del brazo con el casco del acusado, que, al considerar que lo había agredido, con conocimiento de la rotura que podía suponer para la integridad física de P.T. lo cogió por el brazo izquierdo con sus dos brazos y lo golpeó con la pierna derecho, como una zancadilla». La maniobra hizo caer al suelo al activista, que no se resistió, y fue arrestado. La víctima sufrió mal en las cervicales y los hombros.

La fiscalía pide «la nulidad de la sentencia y que se dicte una otra en la que el tribunal realice una nueva valoración racional, sin suposiciones no basadas en los hechos probados y en la que se observen las exigencias inherentes al derecho a obtener una tutela judicial efectiva y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos proclamados en la Constitución, condenando J.O.S. por un delito de detención ilegal».

Desde la representación del activista, a cargo de Alerta Solidaria, también han recurrido en términos similares, afirmando que «sólo de ver las imágenes, se puede llegar a la conclusión que la valoración de la prueba realizada por el tribunal es del todo irracional». Además de insistir en el vídeo aportado, el recurso recuerda los cambios en la versión del mosso durante todo el proceso.

En la minuta de la detención describía un golpe directo en la pantalla del casco, que le causó una sacudida. En sede judicial, en la fase de instrucción, el mosso aseguró que el posteriormente detenido estaba aplaudiendo con los brazos arriba y como es más alto que el policía aprovechó que el agente pasaba por el lado para dar un codazo a la visera. Eso lo habría desequilibrado y pensó que era una agresión y por eso lo cogió y detener. No obstante, finalmente, en la vista oral, y sabiendo ya de la existencia del vídeo que lo incriminaba, afirmó que él iba a decir al manifestante que se apartara de allí y que no animara en la resistencia al desahucio. En el momento en lo que el agente se acercó y lo cogió, el manifestante le habría dado un codazo, según la versión policial. Así, justificó la detención por dos motivos: para que no lo siguiera golpeando y para que no huyera.

Pere, barcelonés implicado en la lucha por la vivienda y en la izquierda independentista de la ciudad, estaba en una concentración contra un desahucio el16 de diciembre de 2019. En un momento determinado un agente le hizo la zancadilla por sorpresa y lo detuvo por atentado a la autoridad asegurando que previamente lo había agredido, cosa que desmintió claramente un vídeo.

Quizás por si nos conformábamos con las migas, los tres jueces imponen al policía una multa de 500 € y la obligación de pagar 175 a Pere, como indemnización, por un simple delito leve de lesiones, por el daño causado al tirarlo al suelo.

Según el abogado de la acusación particular, Eduardo Cáliz, «esta sentencia envía un peligroso mensaje de impunidad a los cuerpos policiales, porque pueden hacer lo que sea que habrá los tribunales para salvarlos, retorciendo las leyes para evitar de cualquier manera que un policía pueda ser condenado sobre todo si está en una actuación contra un manifestante».