Policial
Desarticulan un grupo dedicado al tráfico y explotación laboral de seres humanos en supermercados catalanes
Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas
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Luces de un coche de los Mossos d'Esquadra.
Los Mossos han desarticulado un grupo especializado en el tráfico y explotación laboral de seres humanos y han detenido a seis personas. Los arrestados son de origen pakistaní y tienen entre 30 y 40 años. Entre ellos figura el jefe del grupo, que ya ha ingresado en prisión.
Lo ha explicado el jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de la DIC, Lluís Moreno, que ha apuntado que se han liberado cuatro víctimas de tráfico y catorce de explotación laboral. Estas personas eran obligadas a trabajar en dieciséis supermercados catalanes, en condiciones prácticamente de esclavitud y cobrando sueldos bajos o inexistentes. Además, vivían en entornos insalubres, en pisos gestionados por la banda, sótanos de los mismos establecimientos o en los pasillos de estos.
La investigación se inició el mes de marzo del año pasado, cuando la Unidad Central de Tráfico de Seres humanos del cuerpo tuvo conocimiento de la existencia de esta organización criminal asentada principalmente en la comarca del Maresme y liderada por un empresario de origen paquistaní, la actividad principal del cual, consistía en la explotación laboral de compatriotas suyos en varios supermercados.
Según ha explicado el jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres humanos, Lluís Moreno, los Mossos determinaron que el grupo gestionaba un total de dieciséis franquicias de marcas muy conocidas del sector, ubicados en diferentes localidades de la demarcación de Barcelona y Girona. Los integrantes de la organización eran miembros de una misma familia. El entramado contaba con una infraestructura de sociedades mercantiles vinculadas a los establecimientos investigados y con varios domicilios donde los trabajadores eran distribuidos y alojados.
Moreno, ha relatado que a partir de las informaciones aportadas por testigos protegidos y de algunos extrabajadores, se iniciaron las primeras gestiones y actuaciones policiales que permitieron corroborar los hechos, identificar la gran mayoría de los miembros de la banda y localizar los establecimientos.
Víctimas engañadas
Ha detallado que algunas de estas personas habían sido captadas en Pakistán a través del engaño: «Los prometían un trabajo o un sueldo y las engañaban con la promesa que obtendrían una regularización administrativa», ha comentado Moreno que ha dicho cuando llegan a Cataluña los miembros de la organización se aprovechaban de su situación de poder y les reclamaban el pago de la deuda contraída, bien por el viaje hecho o bien por las gestiones realizadas asociadas al contrato de trabajo o regularización, trámites que, por otro lado, se realizaban falsificando documentos.
«Las hacían trabajar a todas horas, con sueldos bajos o inexistentes», ha afirmado el subinspector que ha apuntado que el entorno en que vivían era insalubre. Así, ha señalado que muchas de estas personas se alojaban en pisos que eran propiedad del grupo «para así controlarlos mejor», en los sótanos de los establecimientos comerciales o, incluso, estaban obligadas a dormir en los pasillos. Ha indicado que los afectados solían ser personas de media edad con familias a cargo. Así, ha comentado el caso de una mujer de 55 años que fue engañada para venir a Cataluña y dejó a sus cuatro hijos en Pakistán. «Una vez aquí se vio obligada a trabajar en estas condiciones», ha manifestado. Por suerte, ha dicho, esta mujer ha sido liberada y ahora ya ha podido regularizar su situación y hacer reagrupamiento familiar.
También ha apuntado que algunos de los testigos relataron que hasta llegar a Cataluña, viajaron por varios países de Asia hasta entrar a Europa vía Turquía para atravesar posteriormente varios países bálticos finos llegar a Italia. Esta ruta es conocida como ruta de los Balcanes, una de las rutas migratorias más comunes para acceder a países de la Unión Europea.
Inspecciones, entradas y cacheos
El día 21 de febrero de este año, en el marco del dispositivo Iluro, los investigadores detuvieron seis de los investigados y llevaron a cabo seis entradas y cacheos. Conjuntamente con efectivos de la Inspección de Trabajo, se ejecutaron doce inspecciones administrativas en supermercados. Estos establecimientos estaban gestionados por el mismo entramado criminal y se ubicaban en Badalona, Barcelona, Alella, Igualada, Sant Feliu de Guíxols, Pineda de Mar, Premià de Mar, Vallromanes, Montornès del Vallès, Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda, Capellades y Santa Margarida de Montbui.
En las inspecciones administrativas se identificaron más de unas treinta personas trabajadoras. Junto con una organización especializada en la asistencia integral a víctimas de tráfico de seres humanos, se pudo determinar que existían indicios suficientes para considerar que cuatro de ellas eran víctimas de tráfico de seres humanos y catorce más eran de explotación laboral.
Contratos falsos
Fruto de la colaboración con la Subdirección General de Trabajo Autónomo y Autorizaciones de Trabajo, se comprobó que las regularizaciones de estas personas se hacían con falsificaciones de la partida de nacimiento. Este hecho permitía que se pudieran acoger en el artículo 40.1 de la Ley de extranjería y obtener de forma fraudulenta con un contrato en el país de origen, y una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena. Los jefes de esta organización eran también los administradores de las sociedades propietarias de los diferentes establecimientos alimentarios franquiciados.
Algunas de estas víctimas, después de ser informadas de sus derechos, se acogieron a un recurso asistencial gestionado por el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, para recibir la protección integral a la que tienen derecho.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el día 9 de febrero. La investigación continúa abierta y no se descartan otras detenciones.
Un caso recurrente
El responsable de la Unidad Central de Tráfico de Seres humanos de los Mossos, ha explicado que este «no es un caso aislado», sino que es habitual y que desde 2022 la policía ha llevado a cabo tres investigaciones muy parecidas. «A día de hoy es fácil conseguir franquicias de grandes marcas comerciales y esta establecimientos son emplazamientos son muy propicios a tener trabajadores explotados», ha comentado.
Por este motivo, ha pedido a las grandes marcas que «estén más encima de sus franquiciados» y que sean más prudentes. «Pueden calcular el número de trabajadores que tendría que haber en un determinado local teniendo en cuenta los metros cuadrados del supermercado y los horarios», ha asegurado Moreno que ha dicho que es sencillo determinar si la situación administrativa es irregular.
Tres investigaciones por tráfico de seres humanos desde principios de año
Con este investigación, desde principios de año los Mossos d'Esquadra han trabajado en dos casos más vinculados con el tráfico de seres humanos. El caso Dazam, conjunto con Policía Nacional, en que se liberaron catorce personas que eran víctimas de explotación sexual y laboral por parte de un grupo criminal que las obligaba a trabajar en seis inmuebles en todo Cataluña. Se detuvieron ocho personas en las poblaciones de Barcelona, Calafell, Salou, Cabrils y Castell-Platja d'Aro, y se desmantelaron 7 prostíbulos ilegales que regentaban los líderes de la organización
De estas víctimas, dos lo eran por tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual, mientras que ocho víctimas lo eran por prostitución coactiva y cuatro más por delitos contra los derechos de los trabajadores. Las mujeres llevadas de países latinoamericanos, que ejercían la prostitución, vivían en los mismos domicilios donde eran explotadas, amontonadas en colchones al sótano, sin luz natural, sometidas a unas condiciones infrahumanas y se les imponían condiciones laborales abusivas.
El caso Trébol, formado por un Equipo Conjunto de Investigación con la Policía Nacional, acabó con una mujer detenida y otra investigada por los delitos de Tráfico de seres humanos e inmigración clandestina. En el dispositivo, que tuvo lugar a Salt el pasado 14 de marzo, se hizo una entrada en un piso prostíbulo y se liberó a una víctima de TEH.