Capella quiere prohibir antes del 12-M el uso del contrato temporal para esquivar el tope a los alquileres: «Es una urgencia»

La consejera de Territorio, Ester Capella, quiere prohibir antes de las elecciones del 12-M que los propietarios esquiven el límite al alquiler ofreciendo sólo contratos temporales, que quedan fuera de la norma. En una entrevista con la ACN, Capella afirma que el Gobierno está buscando «las herramientas jurídicas necesarias» para frenar la fuga de contratos de alquiler permanentes en el mercado temporal. «Es una urgencia, porque vemos en diario cómo desaparece oferta de alquiler permanente,» asegura la consejera, que lamenta que la normativa estatal deja Cataluña «a la intemperie» porque esta cuestión ha quedado sin regular. Por Capella, «vista la capacidad de zafarse» de la ley de determinados propietarios, hay que buscar la manera de cerrar puertas.

Los alquileres de temporada siguen ganando terreno a los convencionales y en ciudades como Barcelona ya representan el 30% del total, según Idealista.

De hecho, Capella tenía la intención inicial de regular los contratos temporales con una ley, pero la convocatoria electoral ha obligado al Departamento de Territorio a replanteárselo, y buscar las herramientas jurídicas para intentar aprobarlo con forma de decreto urgente.

«Es evidente que no podremos hacer una ley con todos els 'ets i uts’, pero buscaremos la manera de evitar este fraude de ley. Lo intentaremos», insiste la consejera. «El contrato es lo que es y no el nombre que le pones. Desde el punto de vista de los tribunales es sancionable», continúa.

Capella, sin embargo, no concreta todavía como se llevaría a cabo esta regulación teniendo en cuenta que ya no es posible la tramitación como proyecto de ley, que era la intención inicial. Ahora, la convocatoria del 12-M lo obligará a buscar otras fórmulas, según comenta.

Sobre el requerimiento que anunció hace unos días al gobierno español para que incorpore el índice catalán en el cálculo de los topes del alquiler, la consejera explica que la Generalitat todavía no lo ha enviado y que tampoco ha recibido ninguna comunicación del ejecutivo español con el fin de llegar a un acuerdo. El requerimiento es el paso previo a la interposición de un contencioso en la Audiencia Nacional. No obstante, la consejera apunta su intención de agotar la vía de la negociación. «Buscaremos los espacios para la negociación y si es inevitable defenderemos nuestra posición en los tribunales», resume.

Capella sostiene que la contención de rentas es un «instrumento que sirve para embridar el mercado cuando está desbocado». «Muchísima gente, jóvenes y grandes, que tienen que volver a compartir viviendas, hay familias que viven en una misma vivienda y en una sociedad moderna del siglo XXI que tiene que garantizar derechos de los ciudadanos eso es insostenible», razona la consejera. Capella también cita otras medidas como el plan del Gobierno de habilitar 10.000 viviendas de alquiler social hasta el 2026 y de las cuales ya se ha cumplido el 70% a través de diferentes modalidades, como la compra, solares que han «aflorado» o compras en la Sareb, detalla.

Capella: «La Generalitat no hace desahucios»

Sobre las solicitudes de desahucios por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en el 2023 avanzadas esta semana por Catalunya Ràdio, Capella puntualiza que sólo se ejecutan en torno a un 20%. El año pasado se dieron 655 órdenes, un 27,2% más que en el 2022.

Según la consejera, en torno a un 50% de estas viviendas están ocupados y si responden a casos de vulnerabilidad el proceso va acompañado de los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. «La Generalitat no hace desahucios», sentencia a la consejera.

Capella afirma que en los casos con expedientes abiertos hay muchas casuísticas. En todos, se envían cartas a los afectados y se analiza si responde se trata de perfiles de vulnerabilidad. «Tenemos que saber por qué no se paga el alquiler», comenta Capella, que cuantifica las rentas habituales en algunas de estas viviendas en unos 150 euros mensuales.

En algunos casos, hay inquilinos que tienen contratos antiguos o no han pagado nunca un alquiler y que hay que determinar por qué. «Cuando se regulariza la situación no se activa el desahucio y cuando no se regulariza se activa», señala la consejera, que defiende que los colectivos vulnerables tienen que seguir el circuito correspondiente.

«Si no hacemos los deberes, lo que estamos haciendo es perjudicar a quien cumple los requisitos», continúa Capella. Para la Generalitat, no se puede dar preferencia a personas que ocupen ilegalmente viviendas de alquiler social mientras hay familias que cuentan con una resolución favorable y están a la espera de la adjudicación de un piso.

Entre los motivos por los cuales se aprueban los lanzamientos, hay que las Mesas de Emergencia emitan una propuesta desfavorable a la adjudicación porque sus ocupantes no cumplen los requisitos o porque generan graves conflictos de convivencia del inmueble y hay denuncias e intervenciones policiales que lo acrediten.

El traspaso de Alrededores seguirá adelante: «No paremos máquinas»

Preguntada sobre la incidencia de las elecciones del 12-M en el traspaso de Rodalies, Capella se muestra contundente a la hora de asegurar que continuará adelante. «No paramos máquinas, el Gobierno sigue trabajando. El traspaso de Alrededores será con independencia de quien es el titular de la Generalitat», reitera la consejera, que subraya que es un proceso que «tiene que trascender los gobiernos». «Es un acuerdo que va en el eje central para garantizar los derechos de los ciudadanos como la movilidad, básicos y esenciales», añade.

Con todo, Capella deja entrever un cierto malestar por como se ha producido el nombramiento de Antonio Carmona como nuevo director de Rodalies, cargo que asumirá a partir del lunes. Según dice, habrá que rectificar alguna cosa. «No me anticipo, hay algunas cosas por las cuales no pueden tomar decisiones sin que el Gobierno de la Generalitat las sepa y las pueda avalar», se queja.

Por otra parte, Capella lamenta que la Generalitat no tiene «capacidad» para tomar decisiones sobre las reclamaciones de los usuarios del Adelante entre Lleida y Barcelona, después de que esta semana tanto los usuarios como el sindicato CCOO reclamaran más oferta ante las dificultades en conseguir billete a muchos días vista por parte de los usuarios que se desplazan diariamente a la capital catalana por motivos laborales.

Capella constata que no se ha recuperado la oferta anterior a la pandemia y eso ha generado «dejar partes del territorio y del país con menos oferta y menos garantía de acceder a la alta velocidad». «No se puede defender una movilidad sostenible y hacer lo que toca hacer para que la movilidad sea sostenible», argumenta.

«Fastidiada, indignada y decepcionada» con la no aprobación de los presupuestos

En la entrevista a la ACN, Capella admite sentirse «fastidiada, indignada y decepcionada» por la «irresponsabilidad y el tacticismo» de otras formaciones que impidieron la tramitación de los presupuestos con «líneas rojas» y cuestiones que «nada tienen a ver» con las cuentas. «Estos presupuestos permitían revertir de forma muy clara los recortes que hemos ido intentando revertir en estos años», expone.

La consejeraadvierte que hay actuaciones que se quedarán sin hacer o retrasarán los plazos previstos. Por ejemplo, cita más de 1.200 millones de euros en vivienda, los trabajos de la variante de Olot, las partidas previstas para el tranvía del Campo de Tarragona o los más de 150 millones de euros para el transporte público para poner en marcha o mejorar 53 nuevas líneas de bus. «Eso perjudica el conjunto de los ciudadanos y la garantía de sus derechos», concluye a la consejera.