El Govern quiere restringir los vehículos con etiqueta amarilla en la ZBE en 2026 y prohibirlos en 2028

El Govern limitará la circulación de vehículos diésel con etiqueta amarilla a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) cuando se activen avisos por contaminación a partir del 1 de enero de 2026. Esta restricción será permanente dos años más tarde y afectará a todos los coches que tengan este distintivo. Así lo recoge el nuevo Plan de la calidad del aire horizonte 2027 que la Generalitat ha hecho público este miércoles y prevé aprobar en las próximas semanas a través de un decreto.

Según el ejecutivo, el documento ha seguido todos los trámites de información y se ha trabajado con el AMB y el Arco Metropolitano. Incluye 83 medidas y 391 acciones, muchas de las cuales relacionadas con el tráfico rodado, pero también con la actividad industrial y los nuevos planeamientos urbanísticos.

El conseller de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha dado a conocer el nuevo Plan después de mantener una reunión con vecinos y vecinas del Eixample de Barcelona, una zona donde hay un elevado índice de contaminación fruto del tráfico rodado.

Ha asegurado que se trata de una medida que va alineada con las demandas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero también con la nueva directiva europea aprobada y la que se está trabajando. En este sentido, ha destacado que una de las principales novedades del documento es que tiene en cuenta las partículas de diámetro inferior a 2,5 micras y el benzo(a)pireno, que antes no se contemplaban.

Así mismo, ha defendido que la propuesta responde a la necesidad de «preservar la salud de los ciudadanos de Cataluña ante la contaminación a la que están sometidos sobre todo a las grandes conurbaciones urbanas».

Aparte, ha puesto en valor el trabajo conjunto con todos los agentes interpelados en el plan para llegar a consensos. Ha afirmado que el texto ha seguido todos los trámites de participación e información pública previstos y ha apuntado que se han aceptado prácticamente todas las alegaciones que se han presentado. A la vez, ha dicho que se ha trabajado de la mano del Área Metropolitana de Barcelona y también con los alcaldes y alcaldesas del Arco Metropolitano, los cuales se mostraron muy críticos con la decisión inicial de la Generalitat de sacar adelante esta iniciativa.

Según Mascort, el texto pasó el Consejo Técnico martes y ahora tiene que pasar la evaluación del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). La previsión es que a finales de mayo o principios de junio, cuando ya se habrán celebrado las elecciones en el Parlament, pueda tramitarse. «No habría de haber problema para que el Govern en funciones puede tramitar procedimientos ordinarios», ha indicado el conseller.

Una hoja de ruta para las ZBE

En concreto, el plan contempla 83 medidas y 391 actuaciones que tendrán que sacar adelante la Generalitat, las administraciones locales, los gestores de infraestructuras, las empresas y la ciudadanía en general en diferentes ámbitos.

Uno de los principales ejes del documento es el que hace referencia al tráfico rodado. En este apartado se han previsto 170 medidas, entre las cuales destaca la regulación de las ZBE. Mascort ha explicado que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que destinar una 25% de su superficie a ZBE, si bien pueden existir algunas excepciones.

Así, determina que en estas zonas, a partir de su implementación, las restricciones de acceso afectarán todos los vehículos sin etiqueta. El 1 de enero de 2026 quedará limitado el paso de todos el coches diésel con etiqueta amarilla cuando se activen avisos por contaminación por NO2 y a partir del 1 de enero de 2028, la prohibición será permanente y afectará todos los automóviles con este distintivo.

A banda, contempla que en el caso de las ZBE de municipios de más de 20.000 habitantes, antes del 1 de enero de 2026 las restricciones tendrán que incluir todos los vehículos sin etiqueta y los diésel con etiqueta amarilla se restringirán cuando se activen avisos antes del 1 de enero de 2028.

El Plan establece autorizaciones excepcionales para vehículos que no cumplan los requisitos ambientales y excepciones, como el caso de los servicios de emergencia y esenciales, las personas con enfermedades o discapacidades o las personas con movilidad reducida, entre otros. También quedarán excluidos de las restricciones los vehículos de personas con ingresos inferiores a ciertos umbrales. Además, las personas residentes, durante un plazo de un año desde la implantación de la ZBE, podrán acceder a la ZBE de su municipio hasta un máximo de 52 días en el año, y las furgonetas y vehículos implicados en la distribución de mercancías sin etiqueta tienen un periodo máximo de exención de tres años.

Además, Mascort ha señalado que las ordenanzas municipales podrán, según las características de su ámbito territorial y la situación de contaminación atmosférica, establecer un calendario más restrictivo, determinar periodos transitorios o reducir el número máximo de autorizaciones temporales diarias.

El Plan también ha previsto medidas de apoyo a los entes locales. Entre estas herramientas hay la elaboración de una ordenanza tipo por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano, pensada por las poblaciones con menos recursos, la puesta en marcha de una plataforma digital de apoyo municipal o una campaña de sensibilización sobre la implantación de ZBE, entre otros. Hasta el momento, el departamento ha otorgado subvenciones a 22 municipios por valor de tres millones de euros.

Planeamientos urbanísticos y nuevos límites para actividades industriales

Además de las medidas ligadas al tráfico rodado, el Pla también establece que los planeamientos urbanísticos tendrán que incorporar acciones específicas para reducir la contaminación atmosférica. En los sectores de nueva implantación con usos residenciales, sanitarios o docentes próximos a vías de circulación con velocidad permitida superior a 50km/h, el planeamiento tiene que contemplar medidas para reducir el impacto de la contaminación acústica. Cuando se trate de una implantación de interés general y no sea viable impulsar este tipo de acciones, se tendrán que ejecutar herramientas compensatorias para reducir la exposición de la población.

En el ámbito de la industria y la energía, el Plan indica valores límite de emisiones para los compuestos orgánicos volátiles; nuevos valores para actividades que no los tenían regulados hasta ahora, como los hornos crematorios de restos humanos; y otros de más restrictivos para determinados sectores. También se revisarán las autorizaciones ambientales asociadas a grandes focos de emisiones como los fondos de cemento, las incineradoras, los hornos de fabricación de vidrio, o la industria química de gran volumen, entre otros.

También establece un Plan de vigilancia en el Camp de Tarragona y la implementación de un plan de acción a corto plazo en casos de altos niveles de contaminación atmosférica. Además, incorpora acciones ya previstas como la aplicación del impuesto sobre las emisiones de grandes barcos, planes de movilidad de acceso a los aeropuertos y la aplicación de un plano quinquenal de mejora de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica.