Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que le aplique la amnistía y se archive su caso

La defensa del expresidente Carles Puigdemont ha pedido en el Tribunal de Cuentas (TdC) que le aplique la ley de amnistía y archive su caso sin «más dilaciones». En un escrito, reclama que se le levanten las cautelares acordadas a su día y se aparquen todas las actuaciones vigentes «sin incurrir en cualquier otra aventura jurídica sin cualquier soporte legal».

Sin embargo, recuerdan que la ley pactada entre el PSOE y el independentismo es aplicable a este organismo de control «en cualquier fase del proceso». Así, pide el archivo de las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menyscabament del dinero público relacionado con los hechos amnistiados, cuando estas no se hayan opuesto.

Los representantes de Puigdemont apuestan por aplicar una resolución absolviendo de responsabilidad contable al expresidente teniendo en cuenta, además, que no hay ninguna entidad del sector público perjudicada por el menyscabament del dinero o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados. De hecho, remarcan que hay «inexistencia de perjuicio» por parte de la Generalitat de Catalunya que, sería la única con interés legítimo por pedirlo.

Según las alegaciones del líder de Junts, el Tribunal de Cuentas español no tiene competencia para plantear «directamente» una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, apuntan que la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales está reservada en los «órganos jurisdiccionales» de los estados miembros. «No cualquiera puede ir al TJUE, sino sólo aquellos que cumplen los requisitos necesarios. Y este Tribunal de Cuentas, claramente, no los cumple», resumen.

De la misma manera que la defensa de Puigdemont no ve posible que el TdC vaya al TJUE para evitar la amnistía, también indican que es imposible que este órgano pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante la norma. De hecho, apuntan que la facultad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad está reservada a jueces y tribunales. «Como hemos expuesto, este órgano constitucional de tribunal sólo tiene el nombre», resaltan.

El juicio contable al proceso

El pasado mes de mayo el Tribunal de Cuentas (TdC) declaró la finalización del juicio contra más de una treintena de ex altos cargos del Gobierno por los gastos del 1-O y de Exteriors durante el 'proceso'. La consejera de enjuiciamiento dictó entonces una providencia por la que se declaraban concluidas las actuaciones del procedimiento de reintegro. La fiscalía pide 3,1 millones a los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y al resto de ex altos cargos.

Entre los demandados también está el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsellers y otros cargos del ejecutivo, el Diplocat y de las delegaciones en el extranjero. Aunque las defensas habían pedido suspender el procedimiento porque previsiblemente serán amnistiados, la consejera de enjuiciamiento lo descartó y la vista se celebró el noviembre pasado.

La fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los encausados porque había retirado del cómputo la campaña Civisme. Por su parte, Sociedad Civil Catalana, también acusación, reclamaba más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior» desplegada por el Govern a través del Diplocat durante los años del 'proceso'.

Aparte de Mas, Puigdemont y Junqueras, otros encausados relevantes son los exconsellers Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Neus Munté; exsecretarios generales como Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana, Josep Ginesta o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.

En concreto, el ministerio público reclama 2,2 millones de euros por los gastos de Exteriors y 883.000 euros por el 1-O. Entre los gastos concretos del 1-O destacan 161.000 euros para la aplicación referèndum.cat y el renombre 'crida extra' para los voluntarios de las mesas electorales; 10.800 euros por el diseño de la campaña de registro de residentes en el exterior y 158.000 por la difusión de la campaña, entre otros.

Te puede interesar