El Govern impulsará una licencia de obras básica para reducir el tiempo de construcción de los HPO de alquiler

El Govern aprobará la concesión de una licencia de obras básica para reducir el tiempo de construcción de las Viviendas de Protección Oficial (HPO) de alquiler a la mitad. Así lo ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha detallado que el Ejecutivo pondrá en marcha una Reserva Pública de Solares, donde se destinarán 500 millones anuales en préstamos a promotores para que edifiquen vivienda social.

Además, 500 millones más anuales serán para ayudar familias vulnerables y a compensar los promotores por la diferencia entre el coste de construcción y el precio de alquiler; y 100 millones anuales más a un Fondo de Emancipación que cubrirá, en forma de préstamo, la entrada de una vivienda de compra usada para familias jóvenes.

Actualmente, el Govern tiene calculado que desde que se decide destinar un suelo a viviendas de protección oficial hasta que se entregan las llaves pasan unos 100 meses, mientras que si se inician los trámites a partir de un solar -cuándo ya se han hecho los primeros trámites urbanísticos- son unos 60.

La intención es que las obras de la promoción de HPO de alquiler se puedan empezar a construir con una licencia básica, es decir, sin necesidad de tener un proyecto ejecutivo aprobado ni una licencia urbanística definitiva. Estos trámites se irían desarrollando de forma paralela a los primeros trabajos de construcción de la promoción y serían definitivos al cabo de unos 10 meses, aproximadamente.

Por otra parte, el Govern trabaja con las entidades municipalistas en la creación de una Reserva Pública de Solares y tiene previsto abrir la primera convocatoria para promotores en febrero del 2025. Se trata de solares que disponen los ayuntamientos y que se pueden destinar a la construcción de HPO de alquiler -si los municipios así lo consideran- o incluso de promotores privados, entre otras casuísticas.

De momento, el Govern está elaborando un mapa con la ubicación de los solares que podrían entrar a la reserva y estima que con los disponibles ahora habría para hacer unas 20.000 viviendas, poco menos de la mitad de los 50.000 anunciados la semana pasada en el Debate de Política General por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de cara al 2030.

Con todo, el Ejecutivo prevé a través del ICF, destinar 500 millones de euros anuales en una línea de préstamos para operadores públicos y privados que se construyan en el marco de esta reserva.

Además, el Govern se compromete a sufragar la diferencia entre el coste de construcción de un piso de protección oficial y el alquiler social, más reducido que el precio de mercado. El Departament de Territori i Habitatge calcula que, de media, este diferencial se sitúa en un 20%, aunque varía en función de la zona. Esta partida estará incluida dentro de los 500 millones anuales que también se destinarán a ayudas a familias vulnerables a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Otras actuaciones que prevé la Generalitat es hacer las modificaciones normativas necesarias para que los municipios que tengan solares cualificados inicialmente en equipamientos modifiquen su uso y se puedan destinar a HPO; y la creación de la Mesa de Trabajo entre la Generalitat y el gobierno español para que edificios del Estado puedan acoger viviendas de protección oficial.

En total, el Departament de Territori estima que el porcentaje de vivienda social una vez se incorporen los 50.000 nuevos pisos escale hasta el 5-6% delante del 2,5% actual, aproximadamente.

Fondo de Emancipación juvenil

Todas estas actuaciones van dirigidas al mercado de alquiler social, aunque el Govern también ha previsto para la compra. Se trata de la creación de un Fondo Público de Emancipación, destinado a familias jóvenes de hasta 30 años para la adquisición de su primera vivienda y que quiere llegar hasta 12.000 hogares beneficiarios. La medida, sin embargo, incluirá varias condiciones a partir de las rentas y la superficie y el precio del piso. Constará de un préstamo para la entrada de un piso, estará concedido por el ICF y el adjudicatario tendrá que devolverlo al cabo de 30 años, cuando haya liquidado la hipoteca.

El perfil del destinatario es el de trabajadores jóvenes con unos salarios que les permitiría afrontar una hipoteca pero que no tienen los recursos suficientes para abonar el importe equivalente a la entrada.

Con esta medida, además, se generará una nueva calificación, la de la vivienda de precio limitado. Es decir, si el piso se vendiera cuando todavía no se ha cumplido este periodo, el hasta entonces propietario tendrá que devolver el préstamo inmediatamente y el piso se tendrá que vender por el precio que se compró más el incremento del IPC correspondiente, de manera que no se podrá «especular» con estas viviendas y se ayuda a limitar el precio de las transacciones en el mercado de segunda mano, según el Govern.

Paralelamente, el Govern también trabaja en un régimen sancionador para aquellos propietarios que no apliquen la limitación de rentas y deriven sus viviendas en el mercado de alquiler de temporada o de habitaciones en zonas de mercados tensionados. Las sanciones van en la línea del decreto que decayó el abril pasado y también se prevé la creación de un cuerpo de inspección para ir controlando posibles fraudes.