El Govern destina más de medio millón de euros en pensiones para expresidentes en el 2023

El Govern destinó más de medio millón de euros, 586.466, al pagar las pensiones de los expresidentes en el 2023. 306.470 para expresidentes de la Generalitat y 279.996 para los del Parlament. Así se desprende de los datos del departamento de Economía en respuesta a una pregunta parlamentaría por escrito de Vox consultada por la ACN. Los expresidentes de la Generalitat son Pasqual Maragall, Artur Mas y Quim Torra.

No van cobrado ningún importe ni Jordi Pujol, ni José Montilla ni Carles Puigdemont. Con respecto a los expresidentes de la cámara, han cobrado pensiones vitalicias a la viuda de Joan Reventós, Joan Rigol, Núria de Gispert y Carme Forcadell. Ni Laura Borràs ni Roger Torrent percibieron ningún importe en el 2023.

En 1988 se aprobó una ley que regula las pensiones y asignaciones temporales a los expresidentes del Parlament. Y, posteriormente, en el 2003 se aprobó otra ley que establece las condiciones de los expresidentes de la Generalitat. Además, esta segunda ley, a través de dos disposiciones adicionales, también modifica algunos porcentajes de la ley de 1988 para equipar las condiciones de los expresidentes de las dos instituciones.

La legislación establece, principalmente dos tipos de pagos para expresidentes: la asignación mensual y la pensión vitalicia. Según el artículo 2 de la ley 6/2003, las personas que hayan ejercido de presidentes «tienen derecho a percibir por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta».

Y el artículo 3 de la misma ley regula las pensiones vitalicias estableciendo que los expresidentes cuando llegan a la edad de 65 años «tienen derecho a percibir una pensión de jubilación vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo».

Los porcentajes para calcular las asignaciones mensuales y las pensiones vitalicias para los expresidentes de la Generalitat y del Parlament son los mismos, pero la cifra que cobran es diferente ya que el sueldo de presidente de la Generalitat es más elevado que el del Parlament.

Dos pensiones vitalicias para expresidentes de la Generalitat

Según los datos del Govern, tres expresidentes de la Generalitat cobraron mensualidades en el 2023. Maragall i Mas percibieron 91.941 euros de pensión vitalicia ya que tienen más de 65 años. En cambio, en el caso de Torra, recibió 122.588 euros. Una cifra más alta ya que equivale al 80% de la retribución del presidente de la Generalitat en aplicación del artículo 2.

Torra fue presidente poco más de dos años y dejó de serlo en septiembre del 2020, al hacerse efectiva su inhabilitación para no retirar a tiempo una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat en apoyo a los presos políticos. Por lo tanto, Torra puede cobrar la asignación mensual hasta el 2024 y a partir del 2027, cuando cumpla los 65 años, podrá recibir la pensión vitalicia del 60% del sueldo.

Los expresidentes de la Generalitat que no cobran

Hay tres expresidentes de la Generalitat que no cobran ningún tipo de pensión. Jordi Pujol renunció en el 2014 después de admitir que tuvo dinero sin regularizar durante 34 años. Por su parte, Montilla también renunció en el 2020 cuando va se incorporó a la junta de accionistas de Enagás.

Puigdemont, que se marchó al exilio en el 2017 después de la aplicación del 155 y la suspensión de la autonomía, no ha cobrado nunca como expresidente de la Generalitat. No ha renunciado a ser expresidente y tiene oficina pero sí que ha renunciado al salario.

3 expresidentes del Parlament y una viuda

Los expresidentes Rigol, que murió el mayo pasado, Gispert y Forcadell cobraron 79.999 euros en el 2023 de pensión vitalicia. Por su parte, la viuda del expresidente Joan Reventós, Josefa Maria Rovira, recibió 39.999 euros en el 2023 en aplicación del artículo 4 de la ley 2/1988, que establece que «el cónyuge viudo, no separado legalmente, de un expresidente del Parlament con derecho a pensión vitalicia tiene derecho, mientras permanezca en esta situación, a percibir una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión de jubilación».

Laura Borràs fue escogida presidenta en marzo del 2021 y fue suspendida en julio del año siguiente. Finalmente, el 1 de junio del 2023 la Mesa del Parlament le retiró el escaño después de ser condenada por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Borràs no ha cobrado nada como expresidenta porque ella misma hizo público que renunciaría a la asignación mensual. Según la ley, tenía derecho a cobrar el 80% del sueldo durante cuatro años.

La ley que se aplica a los expresidentes del Parlament es diferente en un aspecto. Para cobrar la pensión vitalicia, en el caso de la cámara catalana, es necesario que hayan ejercido un mínimo de 2 años. Una limitación temporal que no existe para los expresidentes de la Generalitat.

En el caso de Roger Torrent, que fue presidente del Parlament de enero del 2018 en marzo del 2021, tampoco cobró ninguna paga en el 2023, porque entonces era conseller de Empresa y Trabajo y, según la ley, la asignación es incompatible con ser miembro del Govern o alto cargo.

Con respecto al expresidente Ernest Benach, en el 2023 no tiene ninguna asignación ya que ha agotado la mensual y todavía no ha llegado a los 65 para recibir la pensión vitalicia. Los cumplirá este noviembre y a partir de entonces podrá cobrar la pensión vitalicia. Benach fue presidente de la cámara catalana del 2003 en el 2010.

Intentos de reformar las pensiones de los expresidentes del Parlament

El PSC planteó eliminar las pensiones a los expresidentes del Parlament. Tanto la asignación que perciben inmediatamente después de dejar la presidencia como la pensión vitalicia a partir de los 65 años y también la disponible para sus cónyuges en caso de muerte. Pero en junio del 2023 la propuesta de los socialistas ni superó el debate a la totalidad y se tumbó en pleno debate sobre si Laura Borràs podría cobrar como expresidenta del Parlament aunque fuera condenada judicialmente.

En cambio, la cámara catalana sí que admitió a trámite una propuesta de los comunes que apostaba para eliminar las pensiones a expresidentes del Parlament condenados por corrupción. Pero la propuesta acabó decayendo al acabarse la legislatura.