El registro de viajeros entra en vigor este lunes

El registro de datos de los clientes que obligatoriamente tendrán que recoger establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y agencias de alquiler de vehículos entra en vigor este lunes con la oposición frontal de los agentes turísticos. Empresarios del sector hace meses que reclaman una nueva moratoria por una medida que ven «desproporcionada» y que consideran que añade cargas burocráticas y desincentiva el turismo.

La entrada en funcionamiento registro se ha aplazado ya tres veces. El Ministerio del Interior rechaza una nueva prórroga esta vez y defiende la utilidad como un instrumento policial de prevención y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en los que la logística del alojamiento y de los vehículos «es determinante».

Los datos se tendrán que recoger en una plataforma informática teniendo en cuenta varias categorías. Por una parte, está la información del cliente como el nombre, el sexo, el DNI, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, la dirección completa, el teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros que acompañan el cliente y la relación de parentesco si hay un menor.

Además, se pide información sobre la transacción –fecha, horas de entrada y salida, número de referencia–, el inmueble –si hay conexión a internet o no y el número de habitaciones–, y el pago –titular, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago–.

Están obligados a registrar los datos de los clientes hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, establecimientos de autocaravanas, agencias de viaje y plataformas de alquiler de pisos turísticos, empresas de alquiler de vehículos y sitios web para reservar coches.

Aparte del rechazo del sector, la medida también ha tenido resonancia política. Hace diez días, el Partido Popular presentó una moción en el Senado, aprobada con los votos de PNV y Junts, que insta al Ejecutivo a prorrogar la suspensión de la entrada en vigor.

Mejorar la seguridad

El gobierno español, sin embargo, ha descartado las peticiones del sector y de los grupos políticos y ha desestimado una nueva prórroga de un registro que ven como un instrumento policial para mejorar la seguridad ciudadana. «Cobran especial relevancia en el 'modus operandi' de los delincuentes la logística de los alojamientos y la adquisición o uso de vehículos de motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona más privacidad a estas transacciones»» apunta el real decreto 933/2021.

El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska argumenta que los registros vigentes hasta ahora se basan en regulaciones «obsoletas» que no recogen las nuevas modalidades de negocio telemáticas y defiende que la nueva normativa supone una «modernización» de los mecanismos que se han utilizado hasta ahora, basados en libros-registro.

Además, fuentes del Ministerio argumentan que los clientes no tendrán que aportar más documentos de los que ya presentaban y «sólo se tendrá que indicar el parentesco con los menores que los acompañan». También remarcan que las empresas no tendrán que realizar «ninguna comprobación adicional», ya que la veracidad de la información requerida es responsabilidad de los usuarios.

El equipo de Grande-Marlaska niega que este mecanismo solicite a los establecimientos 42 datos por cliente y asegura que someterá a consulta pública una orden ministerial en los próximos días para «establecer el procedimiento para incorporar» la nueva información.

La plataforma digital ses.hospedajes, que recogerá los datos, está plenamente operativa y a finales de noviembre ya se habían registrado de forma voluntaria 4,8 millones de datos de usuarios que permitieron localizar 18.500 personas contra las que constaba una orden de detención estatal o internacional. En total, se han registrado 61.500 hoteles, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.700 empresas de alquiler de vehículos.

Respuesta judicial

Ante la falta de cambios por parte del ejecutivo español, hoteles y agencias de viajes preparan una ofensiva judicial para parar el nuevo registro. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos considera que la normativa «es confusa y desproporcionada» y supone un «grave perjuicio» para los clientes y para el sector. Según los hoteleros, la nueva normativa situará el Estado en «desventaja» respecto otras destinaciones que «priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa» y «desincentivará» la llegada de turistas.

A su vez, la Confederación Española de Agencias de Viajes afirma que «continuará con los planteamientos jurídicos» y argumenta que la «no exoneración de las agencias de viajes puede ir en contra del efecto que se persigue, mejorar la seguridad, al darse situaciones continuas de traslado de información duplicada o triplicada, cosa que puede saturar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Las agencias de viajes –representadas por Fetave, Acave y Unav- rechazan especialmente el registro, que ven como «una normativa de imposible aplicación» para ellas porque se exigen datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar, como las correspondientes a las tarjetas de crédito. Además, afirman que han estado «injustamente incluidos» en la normativa que en un inicio estaba dirigida a alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos.

César Gutiérrez, presidente de Fetave, confesó la semana pasada en el I Foro de Derecho Turístico su incredulidad al ver que el real decreto finalmente salía adelante, porque «todos los informes –el de la Agencia de Protección de Datos, el de la Comisión Europea y el del Consejo de Estado– apuntaban a muchas incompatibilidades con las leyes vigentes». En cambio, el Ministerio del Interior argumenta que el organismo encargado de la protección de datos y también el Consejo de Estado concluyeron que el registro documental queda amparado por el reglamento general de la Unión Europea.

Aparte de los empresarios turísticos otras voces como el Consejo de Abogacía Catalana también alertan de que la nueva regulación puede suponer una vulneración de la privacidad de las personas y una posible infracción del derecho a la protección de los datos personales.

Dualidad de plataformas

Respecto a Cataluña, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas pide al Ministerio del Interior y a la Generalitat que eliminen el «despropósito» de tener que escribir los datos dos veces, para hacer llegar la información a la policía catalana y la estatal.

«Este anuncio demuestra una vez más el menosprecio de las administraciones por el sector turístico y el ridículo de esta normativa, (...) que lo único que pone de relieve es una preocupante falta de responsabilidad y de cuidado para un tema tan delicado como los datos personales de los ciudadano», dijo el jueves el presidente de Acave, Jordi Martí.