El TJUE abordará en el 2025 las dudas de los tribunales sobre la aplicación de la amnistía en casos de terrorismo y malversación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordará este 2025 las dudas de tres tribunales españoles sobre la aplicación de la ley de amnistía en casos de terrorismo y malversación vinculados al referéndum del 1-O y el 'proceso'. El tribunal con sede en Luxemburgo tiene sobre la mesa veinte preguntas prejudiciales sobre la medida de gracia a los independentistas: tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ocho del Tribunal de Cuentas y nueve de la Audiencia Nacional.

El TJUE puede optar para fusionar las peticiones, si lo considera oportuno, pero en todo caso, la resolución tardará meses. Entrevistados por la ACN, dos expertos en derecho de la UE destacan el carácter políticamente «sensible» y prácticamente inédito de llevar una ley de amnistía delante del TJUE.

Henri de Waele, profesor de derecho europeo de la Universidad de Amberes, afirma que las amnistías son un asunto «especial» y «sensible» y que, por lo tanto, el TJUE o, eventualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, serán conscientes de que se están metiendo en un «asunto doméstico» del estado español.

De Waele explica que hay muy pocos precedentes de amnistías que se hayan sometido al examen del TJUE, no sólo porque son un asunto estatal, sino porque el derecho penal de la UE es «relativamente reciente». En cualquier caso, el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Maastrich Sascha Hardt asegura que el TJUE nunca se ha pronunciado sobre la compatibilidad de una amnistía con el derecho de la UE: «Esquivaron esta pregunta».

La ley de amnistía en Luxemburgo

No es la primera vez que el 'proceso' pasa por el TJUE. Luxemburgo ya se pronunció sobre los intentos de extradición de España por el referéndum del 1-O y sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado encarcelado. Ahora tiene en frente el acuerdo político entre el PSOE, ERC y Junts para pasar página a las represalias judiciales contra los líderes independentistas que impulsaron el 'proceso' y los activistas que le dieron apoyo.

Los tribunales de los estados miembros de la UE pueden pedir ayuda al alto tribunal con sede en Luxemburgo para aclarar la compatibilidad de las normas estatales con la legislación europea. Menos de cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, hasta tres instancias judiciales españolas ya lo habían llevado al TJUE.

A diferencia del Tribunal Supremo, que se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad, la Audiencia Nacional, el TSJC y el Tribunal de Cuentas han remitido a los magistrados europeos la polémica norma que busca la «normalización institucional, política y social» en Cataluña eximiendo de responsabilidad penal, administrativa y contable en los implicados en el 'proceso'.

A grandes rasgos, los tres tribunales han alertado el TJUE sobre la aplicación de la amnistía en casos de terrorismo y de malversación porque dudan de que sea compatible con la legislación europea. El TS directamente no lo ha querido aplicar en casos de malversación, pero el TSJC, en cambio, ha preferido antes preguntar en Luxemburgo.

Malversación

El 29 de julio el TSJC envió una prejudicial por el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de desobediencia, prevaricación y malversación en relación con el 1-O. El TSJC admite que «ninguna de las acusaciones ha planteado como tesis acusatoria que los acusados se hubieran beneficiado personalmente» de las conductas de malversación que tendrían que ser juzgadas y que las conductas se refieren a «fondos propios del presupuesto» de Cataluña y la Generalitat «sin aparente relación con los intereses financieros de la UE».

Sin embargo, el TSJC quiere que sean los tribunales de la UE los que examinen si puede haber algún vínculo con los intereses financieros del club europeo porque ve «amplitud» en este concepto y, por lo tanto, un riesgo que no se adopten las medidas que requiere la normativa europea para garantizar que no queda impune ninguna malversación intencionada de fondos públicos.

Por eso, pregunta al TJUE si «desviar fondos públicos propios del presupuesto de una comunidad autónoma de un estado miembro en el intento, declarado ilícito, de conseguir» la secesión pone en riesgo «la integridad territorial de la UE y consecuentemente también sus presupuestos anuales». En caso contrario, el TSJC igualmente pregunta si amnistiar aquellos que han gestionado fondos públicos y «los destinan a actividades declaradas ilícitas» supone un «riesgo sistémico de impunidad».

«En la UE no le puede ser indiferente (...) que, actuando de común acuerdo con los autores convictos o simplemente presuntos de la malversación a cambio de un favor político, se otorgue la impunidad a esta conducta, aunque recaiga sólo sobre los fondos nacionales del estado miembro», reflexiona el TSJC en su escrito.

También el Tribunal de Cuentas (TdC) ha planteado una pregunta similar a Luxemburgo, mientras deja suspendes el caso contra más de una treintena de ex altos cargos del Gobierno por los gastos del 1-O y de Exteriores durante el 'proceso'. La ley de amnistía exime de responsabilidad administrativa y contable los implicados en el 'proceso'. Sin embargo, excluye los delitos que afecten «a los intereses financieros de la UE».

«Es poco probable que el tribunal abra la caja de Pandora revisando la ley como si se tratara de un intento de amnistiar la malversación en general», opina Hardt. El experto en derecho de la UE no cree que la amnistía sea vista por el TJUE como un intento del gobierno de Pedro Sánchez para «esquivar» las normas contra la malversación, sino de «pacificar» un conflicto político.

En todo caso, De Waele espera que el TJUE envíe un «mensaje»: «hagan lo que hagan (los tribunales) tienen que garantizar que no haya ningún riesgo de malversación de fondos europeos».