Propietarios de viviendas exigen derogar el decreto que impide desahuciar a vulnerables: «No somos el escudo social»

La Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (APROVIJ), creada el otoño pasado, se ha concentrado este sábado en Barcelona para exigir la derogación del decreto 11/2020. 

Se oponen a este decreto, que el gobierno español impulsó en el marco de la pandemia de la covid-19 para suspender los desahucios en casos de familias vulnerables, y reivindican que no se prorrogue más.

Reclaman «seguridad jurídica» y acabar con las «inquiocupaciones». Una cincuentena de personas han asistido a la convocatoria en plaza Sant Jaume con pancartas como ‘El propietario no es el escudo social’ o ‘El problema del alquiler no es el propietario, es el decreto 11/2020'. La asociación ha convocado también concentraciones a otras ciudades del Estado.

Kathy Diaz, presidenta de Aprovij, recuerda que el decreto se impulsó en plena pandemia del coronavirus y denuncia que desde entonces se ha prorrogado once veces con «excusas» diversas. «Cualquier excusa va bien al gobierno para prorrogar el decreto», ha indicado en declaraciones a los medios. Apunta que el decreto impide echar a una persona si es vulnerable y critica los criterios que marcan esta vulnerabilidad. «Vulnerable para este gobierno es alguien que cobra menos de 1.800 euros, tiene un menor a cargo o es mayor de 60 años, por lo tanto, todos somos vulnerables», ha afirmado.

«Han puesto al propietario como el malo», se ha quejado Diaz, de que ha apuntado que para el gobierno español los vulnerables «valen más» que las escrituras de sus propiedades. «Nos utilizan como escudo social, una tarea que pertenece a la administración,» ha indicado.

Según la asociación, la normativa «destruye» el mercado de alquiler, «desprotege» al propietario ante «morosos y ocupas» y echa a propietarios. «¿Quién quiere alquilar a un potencial vulnerable y perder su vivienda?», ha reflexionado Diaz. Según ella, hay casos en que los inquilinos alquilan el piso, pagan dos meses y entonces piden el documento de vulnerabilidad y «no vuelven a pagar más». En su caso, hace más de cuatro años que se ha visto «obligada» a ceder su propiedad a raíz del decreto.

Además, esta propietaria critica que se sienten indefensos ante la justicia. «Tardas hasta dos años para llegar a un juicio y que el juzgado te dé la razón, pero te diga que como está el real decreto no puede sacar de tu casa al inquilino».

Durante la concentración en la plaza Sant Jaume, algunos de los propietarios presentes han subrayado que ellos son pequeños propietarios y han expuesto los casos en que se encuentran, con inquilinos que no pueden expulsar porque se amparan en el decreto. Una de ellas, Paqui, ha explicado que están «cansados» de que no se los escuche y no se dé voz a los propietarios. Según ella, no están en contra de los inquilinos «leales» pero sí en contra de aquellos que «se las saben todas».

Apoyo de PP y Vox

A la convocatoria hay asistido representantes de PP y Vox. El presidente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado que lo que hace el decreto es que los pequeños propietarios «tengan que hacer la política social que tiene que hacer el gobierno de España». «Están condenando a unos propietarios a no poder llegar a finales de mes y que mucha gente joven no pueda acceder a esta vivienda», ha denunciado. Sirera ha reiterado que los pequeños propietarios también existen y ha subrayado que son personas que han trabajado «duro» para poder tener una vivienda.

A su vez, el presidente de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha afirmado que lo que hace falta es que cualquier persona que no esté en su casa de forma legal pueda ser expulsada «en 24 horas». Considera que el problema es «muy grave» porque, entre otros, «asusta a muchos propietarios» que optan por no alquilar sus pisos por «miedo» que les ocupen. «No es justo que un esfuerzo que has hecho durante 20 años después no puedas sacar partido», ha dicho De Oro, que ha criticado que el contexto actual «no es lógico ni es justo».

Tanto PP como Vox han coincidido al afirmar en que Barcelona es la «capital» de las ocupaciones y han centrado las críticas también en la situación en la ciudad culpando el gobierno actual de Jaume Collboni y el anterior de Ada Colau de no poner remedio.