El Estado asegura que «no «ntercederá» en la extradición de Puigdemont porque las gestiones son entre autoridades judiciales

El portavoz del gobierno español, Íñigo Ménez de Vigo, ha asegurado que no habrá injerencias políticas en la extradición de Carles Puigdemont y que España no intercederá porque las gestiones se hacen entre autoridades judiciales. «La orden se ejecuta entre autoridades judiciales sin intervención de los políticos», ha defendido. Por otra parte, ha dicho que las manifestaciones y cortes de carreteras que se han vivido en Cataluña desde el domingo son «enormemente negativos por los catalanes» y los ha rechazado. «Son grupos violentos que intentan alterar la paz social, si continúa es mala noticia pero el gobierno [español] está dispuesto a que no pase», ha manifestado. Méndez de Vigo ha quitado peso a la decisión de la ONU de admitir a trámite la demanda de Puigdemont para proteger su derecho político. «No es un órgano jurisdiccional», ha dicho el portavoz, que adelanta, sin embargo, que enviarán toda la información que se les solicite. Fuentes de la Moncloa apuntan que el gobierno español no estudia emprender ninguna medida de cara al pleno del miércoles porque la propuesta de resolución que se vota es de «carácter simbólico».

Méndez de Vigo considera que se dan todos los requisitos para que la euroorden sea efectiva y Puigdemont sea entregado a la justicia española. Reconoce, sin embargo, que si Puigdemont se niega a la extradición el proceso se puede alargar a un máximo de 60 días (más 30 días más de prórroga) y ha puesto de manifiesto que Alemania fue el país que, según los últimos datos de 2015 tramitó más procesos de este tipo: 1.610. También ha dicho que, desde el Tratado de Amsterdam de 1997, se han «suprimido» los asilos entre miembros de la UE.

Además, ha dicho que la situación la tienen que clarificar los jueces, que la situación está «enormemente clara» y «España no intercederá». «Estaremos con lo que digan las autoridades judiciales», ha manifestado.

Sobre la detención de Puigdemont, ha afirmado que tanto él como el resto de procesados que son fuera del Estado «están en manos exclusivamente de la justicia». Ha insistido en que ninguno de ellos está perseguido «por sus ideas» sino por las graves actuaciones contrarias al estado de derecho». En más, ha dicho que todos ellos «fueron advertidos reiteradamente que las actuaciones delictivas que emprendían tendrían consecuencias».

Ante las dificultades por investir presidente, Méndez de Vigo critica que las fuerzas independentistas no lo hayan conseguido tres meses después de las elecciones. «Sólo se ha presentado un candidato y no ha sido capaz de reunir los votos necesarios», ha manifestado. Además, dice que todos los candidatos que se presentaron a las elecciones del 21-D sabían que estaban investigados en esta causa por rebelión. «No pueden presentarse como a víctimas porque la situación la propiciaron ellos», ha subrayado.

Ha remarcado que el 155 se mantendrá «para seguir velando por los derechos y las libertades» de los catalanes y ha avisado de que el reloj ya empieza a correr. Preguntado sobre si creen que habrá elecciones, Méndez de Vigo ha instado las fuerzas independentistas a ponerse de acuerdo para proponer un candidato «neto de causas judiciales».

Crítica a las movilizaciones

Además, también ha dicho que las manifestaciones y cortes de carreteras de las últimas horas son «enormemente negativos» para los catalanes. «Son grupos violentos que intentan alterar la paz social», ha valorado al portavoz, que considera que es una «mala noticia» que se estén produciendo pero ha garantizado que el Estado está dispuesto a que no «pasen». «No es una contribución positiva a lo que necesita Cataluña, donde hace falta que se eliminen tensiones», ha manifestado.

Sobre la decisión de la ONU de admitir a trámite la demanda de Puigdemont para proteger su derecho político, el portavoz del ejecutivo ha recordado que no es un órgano jurisdiccional y que, por lo tanto, sus decisiones no son vinculantes. «La situación de Puigdemont es clara, es uno huido de la justicia que se marchó para eludir los tribunales y que está detenido en virtud de una euoordre», ha manifestado. Sin embargo, ha adelantado que enviarán a la ONU toda la información que se les solicite (tienen seis meses para hacerlo).

Valoración del pleno

El portavoz del gobierno también ha respondido preguntas sobre el pleno convocado el miércoles al Parlament para votar una propuesta de resolución para «garantizar» el derecho político de Puigdemont, Sànchez y Turull.

Méndez de Vigo ha evitado entrar en valoraciones porque, según dice, «el gobierno español respeta la autonomía parlamentaria». Sin embargo, ha dicho que les gustaría que fuera un pleno «en positivo». «Ya saben que no pueden contradecir daciones del Tribunal Constitucional y las consecuencias que eso puede tener», ha alertado. Sin embargo, fuentes de la Moncloa apuntan que si sólo se aprueban propuestas de resolución no hay que emprender ningún tipo de medida porque son «decisiones simbólicas».