Llarena reclama Puigdemont por corrupción en la euroorden de detención

A la euroorden de detención dictada por el juez del Supremo el viernes, el juez Pablo Llarena pide que se detenga Carles Puigdemont y se entregue a España por los delitos de rebelión y malversación. En este tipo de órdenes a nivel europeo, se incluye un listado de 32 delitos reconocidos en todos los países miembro que hacen que las entregas de los reclamados sean más rápidas. Ninguno de los dos delitos –ni rebelión ni malversación- está incluido en este listado pero, sin embargo, el juez del Supremo considera que la malversación se puede equiparar al delito de corrupción, que sí está incluido en estos 30 supuestos. Por eso, ha reclamado a las autoridades alemanas que entreguen Puigdemont por un delito de corrupción. En el caso de la rebelión, sin embargo, este delito no está incluido en el listado ni tampoco aparece con este nombre al código penal alemán. Por eso, Llarena ha enviado un relato detallado de los hechos que fundamentarían la rebelión y el juez alemán ahora tiene que estudiar si son constitutivos de un delito análogo en su código penal (como el de alta traición). Si finalmente la justicia alemana no acuerda entregar Puigdemont por rebelión y sólo lo hiciera por malversación (corrupción), la entrega sería mucho más rápida. Ahora bien, eso supondría que sólo podría ser juzgado en España por malversación y no por rebelión, tal como pretendía el Supremo.

Cuando el juez Llarena emitió las euroórdenes para detener Puigdemont, reclamó que fuera entregado a la justicia española por los delitos de rebelión y malversación. Son los delitos por los cuales está procesado al Supremo y por los qual el juez Llarena lo quiere llevar a juicio.

En las euroórdenes, siempre se adjunta un anexo con un listado de 32 delitos que permiten una extradición más rápida entre los países miembro. El juez puede marcar alguna de estas casillas si coincide con el delito por el cual reclama a una persona. Entre estos, no hay ni malversación ni rebelión. Sin embargo, el juez considera que la malversación coincide con la casilla de corrupción y, por eso, la marca.

En el caso de Puigdemont, sin embargo, también lo reclama por rebelión. Como este delito no está incluido en el listado, hay que abrir lo que se denomina un proceso de doble incriminación. La justicia española tiene que justificar el delito de rebelión con hechos y la alemana tendrá que determinar si coincide con alguno de los delitos de su código penal. En el caso de la rebelión, podría coincidir con el delito de alta traición, que en el país germánico compuerta penas de entre 10 años y cadena perpetua.

Este procedimiento es mucho más lento. Por lo tanto, tendrá que ser la justicia alemana la que decida si entrega Puigdemont a través del procedimiento automático y, por lo tanto, sólo por malversación. O abre el procedimiento del doble incriminación para estudiar también si ha habido rebelión.

Una estrategia que ya hizo Lamela

Esta es la misma estrategia que siguió a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la primera al emitir las euroodres cuando el 2 de noviembre Puigdemont y de otros miembros de su gobierno no comparecieron. En aquel caso, sin embargo, la fiscalía belga rechazó activar el trámite de entrega rápida. Fue entonces el juez del Supremo, Pablo Llarena, quien desactivó las euroórdenes cuando la causa pasó a sus manos. Lo hizo, precisamente, ante el temor que Puigdemont pudiera ser entregado a la justicia española por malversación y no por rebelión.