El gobierno español rebaja la cifra de agentes heridos el 1-O de 431 a 111
En la información que han enviado a los tribunales recogen que diez agentes estuvieron de baja por las lesiones
El gobierno español ha rebajado la cifra de agentes heridos el 1-O de 431 a 111. Así lo pone de manifiesto una respuesta por escrito del ejecutivo de Mariano Rajoy a una pregunta formulada por el senador de HB-Bildu, Jon Iñarritu. El senador pedía que se especificara el número de heridos, los motivos y las lesiones que figuraban a los informes médicos. En esta misma respuesta, el gobierno español reconoce que al día siguiente del referéndum, el 2 de octubre, el Ministerio del Interior cifraba en 431 el número de agentes «heridos de diversa consideración». En cambio, a la respuesta –que fecha de 22 de marzo- rebaja la cifra hasta los 111 «contusionados». Además, apunta que diez de ellos tuvieron que coger la baja. El gobierno informa de que estas cifras se han puesto ya en conocimiento de los tribunales y especifica la ubicación de los afectados.
El mismo día del referéndum, el Estado comunicaba que 33 agentes habían sido heridos. Al día siguiente, el Ministerio del Interior elevaba la cifra a 431. En cambio, casi medio año más tarde, ha comunicado a los tribunales una cifra sustancialmente menor.
En la respuesta parlamentaria al senador Iñarritu, el gobierno español reconoce que hubo 111 policías «contusionados». Aparte de eso, informa de que el Servicio Catalán de la Salud emitió un informe sobre las personas atendidas por los «incidentes» del 1-O, y dice que constan 11 atenciones a agentes españoles y también a un mosso d'esquadra.
En el informe, también se especifica la ubicación de los agentes atendidos médicamente: 52 en la demarcación de Barcelona, 13 en Tarragona, 33 en Lérida y 13 en Gerona. De estos agentes sólo 10 causaron baja por|para sus lesiones.
Mas acusa el gobierno español de «hacer gala de su prepotencia»
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha calificado como «una vergüenza más» que el gobierno español, aprovechando la aplicación del 155, haya sumado la Generalitat en la demanda contra él y varios ex consejeros yex altoscargos de su Gobierno al Tribunal de Cuentas con motivo de la celebración de la consulta del 9-N. «El gobierno español, abusando de su poder y haciendo gala de su prepotencia, obliga la Generalitat a hacer aquello que decidió no hacer meses atrás», ha lamentado el expresidente. Cuando se inició el procedimiento, el Gobierno se opuso a las demandas presentadas por Sociedad Civil Catalana (SCC)y Abogados por la Constitución -y a las cuales también se adhirió la Fiscalía- al considerar que no había que exigir responsabilidades.
A raíz de este caso, Artur Mas, Joana Ortega, IreneRigauy Joaquim Homs han tenido que depositar 5,2MEURde fianza, que es la cantidad que el tribunal sospecha que se destinó a financiar la consulta. Después de pedir algunas prórrogas, finalmente los investigados ingresaron en efectivo 2,8MEURy, para llegar a la cantidad total, el tribunal los permitió aportar inmuebles de su propiedad.