La asignatura de Religión desaparecerá del currículum académico

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este miércoles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que la asignatura de Religión dejará de ser computable a efectos académicos y no tendrá, tampoco, ninguna asignatura ‘espejo’ como en los últimos años, una medida que irá acompañada de la creación de una nueva asignatura de «valores cívicos y éticos» centrada en «el tratamiento y análisis de los Derechos Humanos y de las virtudes cívico-democráticas» tal como establece la ‘Declaración de París’. Según Celaá, el gobierno español considera que la asignatura no se ajusta a la aconfesionalidad del Estado, y por el contrario la de «valores cívicos» fomentará «los valores comunes de la libertad, de la ciudadanía, la tolerancia y la no discriminación como pilares fundamentales de la democracia». Un cambio que según la ministra «no tiene que ser objeto de polémica a estas alturas».

Celaá ha hecho el anuncio durante una comparecencia a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados donde ha avanzado la modificación de varios puntos de la LOMCE y donde ha advertido las escuelas concertadas que segregan niños y niñas en razón de género que no están atendiendo «los principios generales de la educación inclusiva». Con ellas, ha dicho, abrirá «un tiempo de diálogo».

Educación 0-3 años

La ministra también ha adelantado la modificación del artículo 109 de la LOMCE que establece que las plazas de la escuela concertada se programan «por demanda social», y ha apuntado que impulsará un modelo educativo más «equitativo» desde la educación infantil, que quiere que sea «asequible y extendida a toda la infancia». Por eso ha anunciado que propone impulsar «un programa» con las CCAA focalizado «a las familias que forman parte al 30% inferior de los niveles de renta autonómica».

Punto y final a los «itinerarios disgregadores» de la LOMCE

Celaá también ha anunciado que el gobierno español derogará «los itinerarios disgregadores» de la LOMCE para establecer «un paradigma educativo inclusivo». «Quedarán suprimidos los itinerarios a partir de los 13 años que condicionan las opciones y el futuro de los alumnos según su rendimiento, y modificaremos los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y los de la Formación Profesional básica para garantizar que sean caminos para los que puedan transitar los alumnos que necesitan más apoyo».

Según la ministra, la segregación precoz «empeora los resultados, es desmotivadora y excluyente, y reproduce una pauta clasista de fracaso y abandono escolar que no permitiremos».

Revisión del modelo de becas

La ministra también ha anunciado una revisión del modelo de becas para hacerlo «más justo» a partir de septiembre y favorecer a los alumnos con rentas más bajas. «Las becas son un instrumento fundamental para compensar las desigualdades económicas del alumnado», ha dicho, y «no se tienen que confundir con premio ni con un mecanismo selectivo». La revisión incorporará un proceso «más rápido» de solicitud y prestación.

Reversión de los recortes a la enseñanza no universitaria

Celaá también ha afirmado que el suyo ejecute «revertirá» el real decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto en el ámbito de la enseñanza no universitaria, su objetivo es reducir las ratios de alumnos por aula, así como el incremento de la jornada docente y los plazos de sustitución de las bajas del profesorado.

Recuperación de las «evaluaciones de diagnóstico»

Por el contrario, la ministra ha asegurado que su ejecutivo se propone recuperar las «evaluaciones de diagnóstico» que según ha apuntado «se podrían hacer en 4º de primaria y 1º de la ESO» con el objetivo de hacer «un seguimiento de la situación del sistema y ayudar a los centros a definir sus planes|planos de mejora». Para hacerlo posible creará «un grupo de trabajo» con las CCAA a la Conferencia Sectorial del ramo.

Reducción de la ligitiositat

También ha apuntado que su ejecutivo revisará los programas de cooperación territorial «dialogando con las CCAA para convenir las necesidades de estos comunidades a través en algunos casos de contratos programas», y tiene voluntad de «reducir la ligitiositat» con los gobiernos autonómicos.