Reunión interna al más alto nivel en el Tribunal Supremo por el conflicto sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas

El conflicto jurídico abierto en el Tribunal Supremo sobre quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas se aborda esta mañana en una reunión interna al más alto nivel. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se encuentra a partir de las 10h con los seis magistrados con que dictaron la sentencia del pasado jueves (que fijaba que los gastos los pagaba el banco y no el cliente) y presidente de la Sala Tercera, Luís María Díez-Picazo, que ha decidido llevar al pleno la decisión para revisarla. También asiste al vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes. El encuentro tiene que servir para abordar la polémica situación que se ha originado con la decisión del presidente de la sala de intentar frenar la aplicación de la sentencia dictada por los seis magistrados de la sección segunda. De momento, el pleno continúa sin fecha.

La reunión de este lunes no tiene ningún efecto a nivel jurídico ni tiene que salir ninguna decisión que adelante la posición del pleno. Lo que sí evidencia es que la decisión de la sección segunda y la posterior reacción del presidente de la Sala Tercera ha abierto una crisis interna que se tratará de puertas adentro del Tribunal Supremo.

El pasado jueves, los seis magistrados de la sección segunda de la Sala Tercera del alto tribunal dictaron una sentencia que modificaba su propia jurisprudencia anterior. En febrero, el alto tribunal había establecido que los gastos derivados de la firma de una hipoteca los tenía que asumir el cliente y, siete meses después, ha cambiado el criterio y ha establecido que el coste tiene que repercutir en la entidad bancaria.

Para hacerlo, la sentencia ha anulado un artículo del reglamento que fija este impuesto para considerar que es contrario a la ley. La nueva decisión judicial establece que el sujeto pasivo del impuesto no es el prestatario sino la entidad que deja el dinero. Argumentan que el negocio que se inscribe en las escrituras notariales es la hipoteca y «el único interesado en la elevación en escritura pública y ulterior inscripción de aquellos negocios» es el banco, ya que para poder poner en marcha la hipoteca necesita que se inscriba en el registro de la propiedad.

La sentencia –de la que ha sido ponente Jesús Cudero- respondía a un recurso de la entidad municipal de vivienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Contó con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff.

Ni 24 horas

El presidente de la Sección Tercera (de la que forman parte los seis magistrados) no tardó ni 24 horas al hacer una maniobra para frenar la aplicación de esta sentencia. Luís María Díez-Picazo emitió un comunicado el viernes donde anunciaba que llevaba esta decisión al pleno de la Sala Tercera para debatir cuál era la jurisprudencia que se tenía que aplicar, si la de febrero (los impuestos los pagan los clientes) o la de esta semana, que el impuesto repercute en el banco.

El pleno está formado por 31 magistrados y todavía no tiene fecha. El presidente argumenta que el tema se lleva al pleno porque supone «un giro radical» en el criterio de jurisprudencia y tiene una «enorme repercusión social y económica».

Aunque la sentencia de la semana pasada es firme y no se puede cambiar (ya que está dictada por la más alta instancia judicial del Estado), el pleno sí que puede establecer qué jurisprudencia aplica y da como buena.

Para hacerlo, Díez-Picazo ha dejado en suspense todos los recursos de casación pendientes sobre un objeto similar. El pleno, sin embargo, escogerá uno y lo llevará a debate «con el fin de decidir si este giro jurisprudencial tiene que ser o no confirmado».