El Supremo permitirá que los acusados lleven lazos amarillos en la sala y rechaza una petición de Vox de retirarlos

El tribunal del juicio del 1-O permitirá que los 12 acusados lleven lazos amarillos en la sala de vistas durante las sesiones del Tribunal Supremo. Este es el criterio fijado y que ha explicado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, después de una petición de la acusación popular, ejercida por Vox, para que no se permitiera este símbolo en al sala durante el juicio. Marchena ha citado doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para justificar la decisión, en concreto dos sentencias contra Bosnia y contra Bélgica de diciembre del 2017 y septiembre del 2018 en que los dos países fueron condenados «por no permitir el uso de símbolos que fueron considerados por el tribunal como religiosos».

Marchena ha dicho que el Convenio de Roma da el mismo rango a los símbolos religiosos que en los ideológicos y que por eso no pondrán «ningún obstáculo» a los lazos amarillos. Tanto en la primera como en la segunda sesión, el único acusado que llevaba lazo amarillo era Jordi Sànchez.

El abogado y vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, ha empezado su intervención durante el trámite de cuestiones previas reclamando que se prohíba el uso de los lazos amarillos en la sala, ya que considera que es un símbolo que tiene una «carga política indudable».

Con respecto a los abogados, Marchena ha dejado claro que en su caso tendrán que seguir lo que establece el Estatuto General de la Abogacía y que, por lo tanto, tendrán que ir a las sesiones vestidos con toga «sin distintivo de ninguna clase excepto el colegial». De hecho, ha querido remarcar que «no tiene ninguna queja sobre la uniformidad de los letrados» en los dos primeros días de sesión.

El presidente del tribunal ha aclarado este criterio durante la intervención de Vox durante el trámite de las cuestiones previas. En respuesta a las defensas, el abogado Pedro Fernández ha remarcado que las acusaciones «son libres para calificar jurídicamente los hechos como considere» y que «el auto de procesamiento no puede condicionar los tipos delictivos». Lo ha dicho en respuesta a la abogada Judit Gené, representante de Meritxell Borràs, que este martes cuestionó que a Vox pudiera acusarla de organización criminal según lo que se establece en el auto de procesamiento del juez instructor Pablo Llarena.

Además, Fernández ha añadido que «la libertad de expresión está sometida a los límites que impone la integridad territorial». «Todo intento encaminado a acabar con la integridad territorial de un país es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas», ha dicho.