El gobierno español recupera las ayudas a los parados de 52 años e incrementa la prestación por hijo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que modifica la Ley de la Seguridad Social para reducir de 55 años a 52 años la edad mínima para recibir el subsidio para personas desocupadas de larga duración que no reciben otras prestaciones. Según la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la ampliación sitúa como beneficiarios de la prestación a 280.000 personas. El decreto también incrementa la duración máxima de la prestación, de manera que «si no encuentran trabajo lo podrán seguir cobrando hasta que les llegue la edad legal de jubilación». El ejecutivo español también ha incluido en el decreto «medidas de protección contra la pobreza infantil» mediante un incremento de la prestación por hijo que pasa de 299 a 341 euros, y en casos de pobreza severa hasta 588 euros teniendo en cuenta la situación familiar y el número de hijos. Actualmente el riesgo de pobreza se encuentra en torno al 30%.

El decreto establece también que la prestación para parados de larga duración de 52 años o más cotizará por el 125% de la base mínima que va referenciada al Salario Mínimo. Además, aproximadamente 12.000 personas que recibían hasta ahora el subsidio parcial pasarán a cobrar la totalidad de la prestaciócom si hubieran estado trabajando a tiempo completo.

Son medidas previstas al proyecto de ley de los presupuestos que el Congreso rechazó. Según Valerio, en el 2019 la ayuda por hijo a cargo sacará de situación de pobreza severa «aproximadamente 80.000 niños» y el ejecutivo español está dispuesto ampliar la medida de acuerdo a las entidades. «El objetivo como país es erradicar las situaciones de pobreza infantil severa», ha dicho.

El consejo de Ministros ha aprobado también una bonificación por la contratación de personas con paro de larga duración. Para recibir esta bonificación habrá que mantener el contrato de la persona desocupada por tres años. Son 1.300 euros el año en caso de hombres desocupados de larga duración y de 1.500 euros en el caso de mujeres.

Una diferencia que según Valerio busca «eliminar progresivamente la brecha de género y dar un plus para incentivar la contratación de mujeres» y para que su incorporación en el mundo del trabajo sea «todavía mejor». Actualmente hay 1.326.000 parados de larga duración de los cuales el 64% son mujeres.

El decreto también incluye medidas apoyo para la prolongación del periodo de actividad para personas que trabajan en el sector turístico y el hosteleria. Se trata de una bonificación del 50% para mantener el empleo en los meses de temporada baja.

También incluye medidas de apoyoa la integración de personas inmigrantes mediante un fondo que destinará 70 millones de euros a estas medidas. El fondo firma acuerdos con las CCAA y estas convenios con las administraciones locales para hacer el programa de integración en los municipios.

Además, el gobierno español incrementa las cantidades mínimas de las pensiones contributivas de personas con discapacidad de más de 60 años. Se aplica con efecto a 1 de enero del 2019.

Control de horario

El ejecutivo español incluye también en el decreto la obligación de las empresas de tener un registro de horas para prevenir los casos de empresas que hacen contratos parciales pero después los trabajadores hacen jornadas completas. El registro horario entrará en vigor dentro de dos meses.

Sánchez mantiene de esta manera los ‘viernes sociales’ donde el Consejo de Ministros aprueba medidas que el PP y Cs han bloqueado en la Mesa del Congreso a lo largo de los ocho meses de mandato socialista, o bien que han quedado parados fruto de la caída de los presupuestos generales del Estado para el 2019, que quedaron rechazados.

El ejecutivo español ya aprobó la semana pasada la ampliación del permiso de paternidad, que pasará de 5 a 8 semanas a partir del 1 de abril, con el objetivo de equipararlo plenamente entre hombres y mujeres en el 2021. Todos estos decretos se tendrán que convalidar a la Diputación Permanente del Congreso en un plazo de 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los ‘viernes sociales’ han generado críticas por parte de PP y Cs, que han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que prohíba al ejecutivo español explicar estas medidas a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento JEC ha aceptado a trámite la queja y La Moncloa ha enviado este jueves sus alegaciones donde advierte el árbitro electoral que prohibir las ruedas de prensa podría ser inconstitucional.