Batet aplaza la decisión y pide un informe a los servicios jurídicos sobre la suspensión de los presos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido este jueves a los letrados de la cámara que elaboren un informe sobre la posible suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull como diputados de la cámara baja. Lo ha hecho después de reunir por primera vez la Mesa bajo su presidencia, en una jornada donde el PP, Cs y Vox le han pedido que suspendiera automáticamente a los presos, y el PP incluso ha amenazado con presentar una iniciativa para reprobarla y llevarla a la justicia por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia. La presidenta del Congreso ha convocado una nueva reunión de la Mesa para este viernes. A lo largo del día ha obtenido el apoyo de sus excompañeros de ejecutivo, la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE José Luís Ábalos, que han expresado su convencimiento de que la presidenta actuará de acuerdo, a criterios jurídicos cuando corresponda. La petición del informe podría situar la decisión sobre la posible suspensión de los presos más allá de este domingo.

Batet ha pedido el informe de los servicios jurídicos de la cámara después de que el Tribunal Supremo le ha devuelto la pelota y le ha negado el informe que la presidenta del Congreso le había pedido este miércoles sobre la aplicación del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el que el juez Llarena utilizó para suspender a los diputados en el Parlament de Catalunya. La presidenta del Congreso apuntó este miércoles que a su entender tenía que ser «el órgano jurisdiccional», en referencia al Supremo, quien adoptara la decisión sobre la suspensión.

Pero el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le ha respondido reiterando que la vía para una posible suspensión de los presos tendría que venir por la aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que establece que una vez recibido un suplicatorio de la Justicia se puede suspender diputados que se encuentren en situación de prisión preventiva. Marchena sitúa de esta manera la decisión en la Mesa del Congreso. La cuestión, sin embargo, es que el Supremo no ha enviado ningún suplicatorio, ni lo prevé hacer en las postrimerías del juicio oral.

Mientras tanto Batet ha recibido este jueves las presiones de las tres formaciones de la derecha. PP, Cs y Vox le han pedido que suspenda inmediatamente a los presos para evitar –han apuntado- la «vergüenza» que percibieron el pasado martes durante la sesión constituyente del Congreso. El secretario general del Congreso, Teodoro García Egeo, incluso la ha amenazado con promover una reprobación y denunciarla ante la Justicia por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia.

La suspensión, sin embargo, no cuenta con el apoyo de Podemps, que ya ha advertido que hace una lectura garantista del Reglamento en relación a los derechos de los diputados que han sido elegidos por los ciudadanos. Si el PSOE se decanta por la suspensión, la posición de Podemos podría llevar a los socialistas a romper la mayoría progresista de la Mesa apenas empezada la legislatura y votar con PP y Cs por primera vez al órgano de gobierno de la cámara.