El Supremo devuelve la pelota a Batet y reitera que la suspensión de los diputados presos corresponde al Congreso

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha devuelto la pelota a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, sobre la suspensión de los diputados presos. En un oficio, señala que la «necesidad de limitarse a reiterar» lo que ya comunicaron al Congreso en un auto que le notificó el 14 de mayo. En aquella resolución, los magistrados apuntaban el camino a seguir para suspender a los diputados presos y mencionaban el artículo 21 del reglamento de la cámara baja, que prevé la suspensión de diputados que están encarcelados. Además, dice que es «inviable» elaborar el informe que les solicitaba Batet, que quería que el tribunal hiciera aclaraciones sobre si se podía suspender a los diputados encarcelados a través de la vía del 384 bis. Se trata del mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Judicial que utilizó al magistrado instructor Pablo Llarena en julio para suspender a los diputados en el Parlament.

La presidenta del Congreso envió el escrito al Supremo a título individual y antes de reunir la Mesa por primera vez. El escrito llegó al tribunal el miércoles por la mañana y, veinticuatro horas más tarde, el tribunal la ha contestando devolviendo a Batet la decisión sobre la suspensión de los diputados presos.

Batet argumentaba el miércoles que creía que estaba «bastante claro que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, que es quien ha determinado hasta ahora en qué situación quedan las personas en que están en prisión preventiva».

El informe, «inviable»

Además, pedía un informe al Supremo sobre la posible aplicación a los presos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el juez Llarena utilizó para suspender a los diputados en el Parlament el julio pasado. Sobre la petición de este informe, el tribunal dice que la «configuración constitucional del Tribunal Supremo» lo hace «inviable».

Los magistrados reiteran que tiene que suspender el Congreso

El tribunal, sin embargo, se ha limitado a devolverle la decisión a Batet e indicarle que «reitera» en aquello que ya le dijo el pasado 14 de mayo. Fue en un auto donde denegaba la libertad de los diputados presos y también denegaba la necesidad de tramitar el suplicatorio. En aquella resolución, el tribunal ya se refería al reglamento de la cámara baja y apuntaba que el artículo 21 preveía la suspensión de diputados encarcelados. Por eso, el tribunal remarca que ya «razonó» su posicionamiento en aquel auto y se «limita» a «reiterar» lo que ya expuso.

El artículo 21.2 del reglamento del Congreso establece la suspensión de funciones cuando se ha tramitado el suplicatorio, con auto sujeta de procesamiento y el diputado está en prisión preventiva.

«La causa penal seguirá su curso»

En el breve oficio que firma Marchena, el tribunal expone su intención de seguir adelante con el procedimiento contra los líderes independentistas a pesar de las peticiones que le hace la presidenta de la Mesa. «La causa penal seguirá su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso», sentencia Marchena en el oficio, que acaba con una frase dirigida a Batet: «Reciba al testimonio de mi más alta consideración personal».

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha firmado un oficio en nombre del magistrados del tribunal que se hará llegar a la presidenta del Congreso a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

La petición de la fiscalía, pendiente

El tribunal tiene sobre la mesa otra petición que el miércoles le hizo la Fiscalía del Tribunal Supremo, que también –igual que Batet- considera que tiene que ser el tribunal quien tome la iniciativa para suspender a los presos. El ministerio público ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal para pedirle que comunique a la Mesa del Congreso y el Senado «la aplicación inmediata» del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para suspender a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Considera que el Supremo tiene que tomar la iniciativa e instar a las cámaras a aplicar este precepto legal. Este es el procedimiento que se siguió el julio pasado cuando el juez instructor, Pablo Llarena, pidió al Parlament que suspendiera a los diputados en prisión preventiva y procesados por rebelión (en base al artículo 384bis) y que habían sido escogidos el 21 de diciembre de 2017.