El tribunal permite impugnar vídeos y documentos de las acusaciones pero no entrar en debate sobre el valor probatorio

El tribunal del 1-O ha hecho algunas consideraciones antes de iniciar la prueba documental, donde se podrán ver los vídeos que hasta ahora el tribunal no ha permitido exhibir. Empezarán las acusaciones, que tendrán que decir a los magistrados qué vídeos quieren ver. Según ha aclarado el presidente, Manuel Marchena, las defensas podrán hacer alegaciones para impugnar los documentos si, por ejemplo, cuestionan la autenticidad o si consideran que pueden vulnerar algún derecho fundamental. Ahora bien, Marchena ya ha avisado de que no se podrán hacer intervenciones para cuestionar el valor probatorio. «No se trata de abrir un debate sobre lo que el documento acredita o prueba», ha subrayado. El tribunal, pues, quiere evitar debates entre las partes sobre los documentos aportados y recuerda que serán los magistrados quien determinen el valor probatorio de cada uno de los documento. Asimismo, una vez las defensas expongan sus documentos, las acusaciones podrán hacer lo mismo. El tribunal resolverá posteriormente las alegaciones.

El tribunal ha pedido a las acusaciones que enumeren uno a uno los documentos que quieren que el tribunal valore, por tal también que las defensas puedan saber exactamente cuáles son y los puedan impugnar. De momento, se trata de documentos y no de vídeos, que se abordarán inmediatamente después. Mientras fiscalía y abogacía del Estado han presentado sus propios escritos con los documentos que quieren que se incorporen, Vox se ha adherido a sus peticiones.

Enumeración uno a uno de cada documento

La fiscal Consuelo Madrigal ha sido la primera en tomar la palabra y ha leído una relación de documentos, pero no todos los que tenía aportados en un escrito, aunque Marchena ha dicho abiertamente que tenía que enumerar todos los que creyera que el tribunal tenía que tomar en consideración.

En cambio, cuando ha sido el turno de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha dicho que daba por reproducidos todos los documentos que había incorporado en un escrito (que tiene 92 páginas) y que ya conocían las defensas. Pero Marchena le ha dicho que no era suficiente y que tenía que leer uno a uno los documentos incorporados. «Haga una relación de los documentos que tienen que integrar la apreciación probatoria para dar opción a la defensa de impugnar», ha remarcado.

Eso ha generado que la abogada del Estado haya sido más de una hora para enumerar los documentos incluidos en sólo 30 páginas de las 92 que tiene su escrito. Después del descanso de mediodía, las defensas han tomado la palabra para comunicar al tribunal que se daban por «instruidos» y que no hacía falta que la abogada del Estado siguiera leyendo uno a uno cada documento, ya que todos disponían del escrito. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha aceptado el comentario de las defensas.

Pero la situación ha seguido enredándose porque la fiscal Consuelo Madrigal ha tomado la palabra para dejar claro que los documentos que no había enumerado no quería decir que renunciara a incorporarlos. «No hemos renunciado ni por escrito ni verbalmente», ha dicho Madrigal que, para que no quede duda, ha solicitado exhibir en pantalla todos los documentos incorporados en el escrito que enviaron en las partes el pasado 24 de mayo.

Sólo las defensas de Forn y Vila se han puesto del lado de la fiscalía entendiendo que aquellos documentos que no había leído no quería decir que renunciara a ellos, pero el resto de abogados han dicho que permitir en la fiscalía exhibir los documentos suponía dar una «segunda oportunidad» para «rescatar documentos», ya que ya había tenido oportunidad de comunicar al tribunal aquellos que consideraba necesarios para que tuviera en cuenta.

Manuel Marchena ha dicho que resolverán las peticiones de todas las partes una vez acabada la fase documental.

Documentos incorporados

El tribunal también acepta incorporar documentos que han ido «aflorando» durante las sesiones plenarias pero, en cambio, no acepta la petición de la defensa de Junqueras y Romeva buscar documentos de ciudadanos que han testificado. El letrado Andreu van den Eynde proponía enviar un exhorto a los juzgados de instrucción de Barcelona a fin de que localizara a estos ciudadanos. Una petición que, según el tribunal, «no es procedente».