El Supremo suspende cautelarmente la exhumación de los restos de Franco que se tenía que hacer el 10 de junio

La sección cuarta de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco que se tenía que producir el 10 de junio. La decisión, tomada por unanimidad por los cinco magistrados, se argumenta por el hecho que todavía hay que estudiar a fondo el recurso de la familia y, por lo tanto, consideran que sería un «perjuicio» exhumar al dictador y más tarde, si se estima el recurso, tener que devolver los restos al Valle de los Caídos. Por eso, aceptan las medidas cautelares solicitadas por la familia del dictador. «Hay que evitar los perjuicios que causaría a los recurrentes, a los intereses públicos del Estado y de las instituciones constitucionales», argumentan los magistrados. La sala se tendrá que pronunciar más adelante sobre el fondo del asunto pero, de momento, el gobierno español no podrá llevar a cabo la exhumación y reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, tal como había acordado por Consejo de Ministros.

La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos tendrá que esperar. La sección cuarta - presidida por Jorge Rodríguez-Zapata e integrada por Celsa Pico, José Luís Requero, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y Pablo Lucas- ha acordado por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación del dictador. Según argumentan, si ahora no lo hacen y autorizan que se saquen los restos, se podría causar un «perjuicio de los intereses» de la familia y del Estado si, más adelante, se estima el recurso y se considera que no se tenía que producir la exhumación. De momento, los magistrados no estudian el recurso en sí, y sólo han dado luz verde a la medida cautelar que solicitaba la familia.

Aparte del recurso de la familia, la sala también tenía sobre la mesa las peticiones de la Fundación Francisco Franco, la Asociación de la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina.

Un proceso administrativo largo

El ejecutivo español inició los trámites de la exhumación el 24 de agosto del año pasado, poco después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa después de ganar la moción de censura. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto para cambiar el redactado del artículo 16.3 de la Ley de memoria histórica e indicó que sólo podían estar enterrados en el Valle de los Caídos personas que hubieran muerto en la Guerra Civil (Franco lo hizo en 1975). Una semana más tarde, inició un procedimiento administrativo para exhumar a Franco, en cumplimiento de este cambio.

Aunque el gobierno español esperaba que el procedimiento fuera más rápido, se ha ido retrasando alegando que había que ser «garantista» en todo momento, dando opción a la familia y a los demás actores implicados para que presentaran las alegaciones que considerara. El 15 de febrero, el Consejo de Ministros acordó dar por acabado este procedimiento y ordenó la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

El procedimiento ha ido a cargo del Ministerio de Justicia. En aquel momento, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, destacó que se trata de un «acto de Estado, histórico, político y en favor de la convivencia de todos los españoles».

Evitar que vaya a Almudena

Tal como establece el procedimiento administrativo, tiene que ser la familia la que –de manera conjunta y todos de acuerdo- comuniquen en el gobierno español donde quieren inhumar los restos de su familiar. Los descendientes del dictador insistieron al llevarlo a la cripta de la Catedral de Almudena, situada en pie de calle y en pleno centro de la capital, donde ya está enterrada su hija, Carmen Franco Polo.

El ejecutivo de Sánchez se negó en todo momento y esgrimió un informe de la delegación del gobierno español en Madrid que expone que supondría «riesgos evidentes para la seguridad y alteración del orden público» y, además, que contravendría la Ley de memoria histórica porque permitiría «la exaltación» de un dictador en un espacio público.

Por lo tanto, el gobierno español pidió a la familia que propusiera otro lugar que cumpliera con los requisitos legales. Finalmente, al no hacerlo, el 15 de marzo el ejecutivo anunció que reinhumaría los restos del dictador en el cementerio de Mingorubio, El Pardo, donde ya hay un panteón familiar y está enterrada su esposa. Y fijó como fecha el 10 de junio.

La familia recurre al Supremo

La familia Franco recurrió al Tribunal Supremo y presentó un recurso contencioso-administrativo donde pide –aparte de no permitir la exhumación- que se detenga como medida cautelar hasta que los magistrados resuelven sobre el fondo de la cuestión. Una resolución que puede llegar de aquí a meses. La familia quiere evitar el «daño irreparable» que supondría sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador para después, si el Supremo estima el recurso, tener que volver a enterrarlo en la basílica de Cuelgamuros.

Aparte del recurso de la familia del dictador, la sección cuarta de la Sala Contenciosa-Administrativa tiene sobre la mesa también la petición de la Fundación Francisco Franco, la Asociación de la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina.

En diciembre, la misma sección rechazó una medida cautelar que también pedía la familia Franco para detener el proceso. En aquel caso, y sin entrar fondos, lo denegó por una cuestión de forma. Los familiares habían recurrido el acuerdo administrativo del Consejo de Ministros que permitía continuar con el procedimiento de la exhumación. Los magistrados argumentaron que el acuerdo recurrido «no justificaba por sí mismo» la exhumación ni producía ninguna «situación irreversible». Y avisaban, sin embargo, que más adelante cuando se aprobara el acuerdo del Consejo de Ministros que hacía efectiva la exhumación, sí que la Sala se podía pronunciar y avisaba de que, sin su respuesta, no se podría ejecutar la exhumación.

«Todo a punto» para llevarlo a El Pardo

En el consejo de ministro del viernes pasado, la portavoz, Isabel Celáa, sostuvo que lo tenían «todo a punto» para hacer la exhumación el día 10 de junio y defendió el procedimiento que se ha seguido en todo momento. Ahora bien, también dijo que el gobierno español acataría cualquier decisión que tomara la justicia sobre este tema.