La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza de forma cautelar las restricciones al ocio nocturno a Madrid
Los jueces consideran que tiene prioridad el interés público de la Comunidad de Madrid
La Sala del Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado paralizar de forma cautelarísima –sin escuchar las partes- las restricciones al ocio nocturno aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado 4 de junio. Lo ha hecho a instancias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que presentó un recurso contra las decisiones del gobierno español y las CCAA y pidió que se adoptaran medidas mientras no se resuelve el fondo de la cuestión. La decisión tiene efecto sólo en la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional da tres días al Estado para que presente alegaciones en las medidas cautelares, que son las que se pueden adoptar una vez escuchadas las partes.
La Sala da de momento la razón a Ayuso porque considera que una vez entre en contradicción los intereses de la Comunidad de Madrid y los del Estado, «el interés público que alega la Comunidad de Madrid está más necesidad de protección cautelar urgente en este momento procesal».
Añaden que «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de daño a los intereses de los afectados por la decisión de imponer restricciones diferentes de las que ya existen» hace necesario «la medida de suspensión mientras se tramita una pieza separada con las medidas cautelares».
«Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima y se esperara a la adopción de una medida después de la tramitación de las medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado», sostienen, porque «se generarían tres niveles diferentes de restricción en un plazo de tiempo breve».
Simón: «Se buscarán alternativas»
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado que la intención del Ministerio con estas medidas es que dotar la ciudadanía de seguridad mientras no haya bastante gente vacunada. En todo caso ha afirmado que si algunas medidas no se pueden aplicar por motivos judiciales «se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles para poder sustituirlas».