Comunicación
El gobierno estatal aplaza la aprobación de la ley audiovisual y se reabren las negociaciones por el catalán
El texto se tenía que aprobar en el Consejo de Ministros de hoy pero a última hora ha saltado del orden del día
El gobierno estatal ha aplazado la aprobación de la ley audiovisual y ha reabierto las negociaciones con el ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de ERC después de la polémica que ha suscitado el hecho de que el borrador no previera un porcentaje obligatorio para la producción en catalán. Fuentes de la Moncloa han confirmado que la norma se tenía que aprobar al Consejo de Ministros de este martes, pero que a última hora ha saltado del orden del día. En paralelo, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha explicado esta tarde que el grupo parlamentario de ERC ha reabierto la negociación por este tema, así como también lo ha hecho el ejecutivo catalán conversas con su homólogo estatal.
Precisamente, la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ha propuesto este martes que todos los partidos que defienden el catalán hagan «frente común» de oposición al proyecto. En rueda de prensa, Vilalta aseguraba que el borrador de la ley es un «ataque» ninguno el catalán y que este se tiene que «proteger». La republicana ha prometido que ERC «batallará en todas partes|a todas partes» para frenar la iniciativa que tiene una visión «centralista» y «uniformadora del Estado único». Vilalta apostaba por presionar para que esta ley cambie y se acepten las modificaciones que los grupos planteen para proteger el catalán. Ha considerado que este posicionamiento tendría que ir más allá del independentismo y llegar a los comunes y al PSC.
La polémica en torno a la ley audiovisual se desencadenaba ayer, después de que se hiciera público el borrador. El sector audiovisual ha advertido de las consecuencias de una norma que no prevea una cuota de producción en catalán y el mismo presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Lopacher, ha criticado que el anteproyecto ahora aparcado no recogía ninguna de las alegaciones efectuadas por la entidad referidas en lengua, producción audiovisual, financiación de la CCMA y competencias del regulador catalán.