Sánchez anuncia por sorpresa la «reforma» del delito de sedición para dejarlo en uno de desórdenes públicos agravados

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que las dos formaciones que apoyan en su gobierno, PSOE y Podemos, registrarán este viernes en el Congreso una propuesta de «reforma» del delito de sedición que supondrá «reemplazarlo» por un delito de desórdenes públicos agraviados. En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha asegurado que el Código Penal que resultará de la reforma será «más o menos homologable al que tienen las democracias europeas», y «en consecuencia las penas por estos delitos serán las que se catalogan a códigos penales de democracias a las cuales nos queremos asemejar».

«Lo haremos, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan el gobierno presentaremos iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y reemplazarlo por un delito más o menos homologable al que tienen otras democracias», ha dicho el presidente español, que ha recordado su compromiso es «modernizar y homologar» el delito de sedición «a las principales democracias europeas».

Ha afirmado que gracias a la gestión de su gobierno la mayoría de los catalanes voz ahora el proyecto de España como proyecto compartido, y ha apuntado que después de los indultos y el diálogo entre los dos gobiernos, ahora hay que «seguirhaciendo pasos».

Según el presidente español, la iniciativa no es fruto de la presión de ERC para la aprobación de los presupuestos estatales, sino del hecho que ahora se dan las condiciones para hacer la reforma.

En este sentido, ha apuntado que a lo largo de las últimas semanas hay grupos que han dicho que están dispuestos a reformar el delito de sedición y transformarlo a unos desórdenes públicos agraviados.

Ha apuntado que esta reforma no contenta las peticiones de las formaciones independentistas, que no piden una reforma del Código Penal, «sino la amnistía, algo que el gobierno no aceptará».

«Estamos dando un paso adelante de homologación con Europa y estamos revisando un delito que fue redactado el 1822, cuando había alzamientos militares, y creo que es bueno que España dé un paso definitivo a la homologación del delito», ha dicho.

En este marco, ha destacado que en Alemania la sedición se suprimió el 1970, hace más de50años, y fue redenominada con una terminología parecida a la que constará a la proposición de ley del PSOE y de Podemos.

Niega que beneficie Puigdemont

El presidente español ha negado que la reforma debilite el Estado delante eventuales declaraciones unilaterales de independencia como la del 2017, porque «se reconocerán penas por estos delitos» de desórdenes agraviados.

Además, según Sánchez, independientemente de la reforma, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «tendrá que rendir cuentas igualmente ante la justicia» española, porque los delitos que habría cometido «se recogen como desórdenes públicos agraviados cómo tienen otras democracias».

«Creo que será una iniciativa que ayude también a destensar la situación en Catalunya y a superar el contencioso que heredé de la anterior administración», ha concluido.

Acusa el PP de utilizar siempre Catalunya como elemento de desgaste

En el tramo final de la entrevista Sánchez ha querido rebatir la reacción del PP, que en fuentes del partido ya lo ha acusado de haber «humillado la nación» española y de haber «traicionado» el legado del PSOE. El presidente español ha recordado que heredó «el «problema» de Catalunya de su predecesor, Mariano Rajoy, y ha destacado que él apoyó al 155 porque creía que era «bueno» para España a pesar de la «fractura» que esto supuso para su formación.

En este marco, ha afirmado que el PP «siempre» ha utilizado «Catalunya y el agravio territorial como un elemento de desgaste de cualquier presidente progresista», pero «creo que la principal tarea que tiene un gobernante es construir convivencia, y estamos construyendo convivencia». Ha invitado los espectadores que no lo creanquepaseen por Catalunya y «comparen cómo está Catalunya hoy y la del 2017».

El anuncio llega en un momento álgido de negociación con ERC por la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 2023. Los republicanos no presentaron una enmienda a la totalidad para «dar margen a las negociaciones» y posteriormente contribuyeron a rechazar los siete vetos que habían planteado PP, Vox,Cs, Junts, CUP, Foro Asturiasy los exdiputados de UPN. Las cuentas de Pedro Sánchez se someterán al examen definitivo del Congreso el 19 de noviembre.

La «desjudicialitación» del conflicto fue uno de los acuerdos de la mesa de diálogo que se reunió por última vez el julio del 2022. En el texto que firmaron, los dos gobiernos se comprometían a «avanzar en el diálogo» para poner punto y final «a los efectos de la judicialización de los últimos años», con «medidas que supongan un adelanto que mejore la situación de partida y contribuyan a resolver el conflicto político».

El documento ya apuntaba que una vez se lograran los acuerdos para la desjudicialización, estos «requerirán una modificación legislativa concreta», y los grupos parlamentarios de los dos ejecutivos «se encargarán de impulsarla parlamentariamente». Las dos partes manifestaban «la voluntad que estas modificaciones legislativas se aprueben, si se tercia antes de que finalicen el periodo de sesiones».

Cerca de tres años desde el compromiso de Sánchez

Sánchez mujer viabilidad de este modo al compromiso que expresó el enero del 2020, tres meses después de la condena del Supremo a los líderes independentistas, de reformar el Código Penal para homologar el delito de sedición y otros preceptos a los estándares europeos.

El ministro de Justicia de entonces, Juan Carlos Campo, trabajó durante meses en la reforma –en paralelo a la concesión de los indultos-, pero el gobierno español guardó la modificación en el cajón argumentando, primero, que era prioritaria la salida de la pandemia, y después de que no había mayoría parlamentaria para llevar a cabo la reforma.

El pasado 23 de octubre 'El País' publicó que el ejecutivo español se abría a una reforma que comportara recortar en la mitad las penas del delito de sedición, y posteriormente la ministra de Hacienda,MaríaJesúsMontero, afirmó durante el debate de los presupuestos que su ejecutivo llevaría en el Congreso la reforma. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recordó que ERC siempre ha dicho que «es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea más homologable al que pasa a Europa».

Trámites para la reforma

El Código Penal es una ley orgánica, y su reforma puede llegar al Congreso de manos del gobierno español o de un grupo parlamentario. Una vez se presente el texto en el Congreso, se abrirá un trámite de enmiendas –donde los grupos pueden probar de introducir modificaciones- y posteriormente se someterá al pleno.

Para quedar aprobada, la reforma necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la cámara, actualmente 175 votos (no son 176 porque actualmente el Congreso tiene 349 diputados por la no sustitución del diputado de PodemosAlbertoRodríguez), de forma que tendría bastante con el apoyo de las formaciones del gobierno español y los socios de la investidura.

Cuando entre en marcha, la reforma del Código Penal se aplicará a casos ya enjuiciados por el principio de retroactividad de la ley penal en favor del reo, de forma que si se reduce la pena de inhabilitación se podránbeneficiar los líderes del proceso ya juzgados que a pesar de ser indultados todavía arrastran la inhabilitación que los impuso el Tribunal Supremo.

También afectaría los exiliados. En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira -que solo está procesada por rebelión- podría abrir la puerta a su retorno, a pesar de que en los casos del expresidente Carles Puigdemont y los ex consejeros claraPonsatíy Toni Comín independientemente del delito de sedición el Supremo los quiere juzgar por malversación, que también tiene penas elevadas. Lluís Puig está procesado por desobediencia y malversación.

Legislación actual

El delito de sedición se introdujo al Código Penal en 1822. Actualmente, el artículo 544 del Código Penal tipifica este delito como el que cometen los que «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se levanten públicamente y tumultuaria para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

El artículo siguiente, el 545, establece que quienes hayan «inducido, sostenido o dirigido la sedición, o aparezcan en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo». Fuera de estos casos impone una pena de «cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para cargo público por un tiempo de cuatro años».

Los artículos 547, 548 y 549 establecen que en el supuesto de que la sedición no haya entorpecido de manera grave el ejercicio de la autoridad pública la pena se rebaja en uno o dos grados, igual que para los casos de «provocación, conspiración y proposición para la sedición».

Desórdenes públicos

El artículo 557 sobre desórdenes públicos dice actualmente que quienes altere la paz pública con actas de violencia «serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión».

La pena es la misma para los quién inciten a hacer actas de violencia, pero se incrementa a entre uno y seis años de prisión si el delito se lleva a cabo llevando una arma o un objeto peligroso, cuando se ponga en riesgo la vida de las personas, o «cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa». También cuando el autor de los hechos utilice «su condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario público», o cuando lleve el rostro tapado.

Los artículos anexos también castigan con entre tres y seis meses la perturbación de la paz pública durante la ocupación de un espacio público o probado, y de entre uno y cinco años de prisión para los quienes destruyan o interrumpan instalaciones de telecomunicaciones o vías de tren.