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La Comisión de Justicia del Senado elimina de la reforma del Código Penal los puntos suspendidos del TC

La tramitación continúa en el Senado para el resto de la ley, incluida la malversación y la derogación del delito de sedición

Una imagen de archivo del Senado.

El PSOE recupera el control en el Senado con mayoríaEfe

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La comisión de Justicia del Senado ha acatado este martes la resolución del Tribunal Constitucional (TC) y –tal como ha recordado la Mesa de la cámara alta- ha eliminado del texto de la reforma del Código Penal que tramita los artículos y disposiciones que hacen referencia a la reforma judicial y que han sido suspendidos por el TC. El presidente de la ponencia, Joan Lerma, ha explicado que se mantiene todo el texto de la reforma a excepción de estas partes suspendidas. La cuestión ha suscitado igualmente un debate encendido en el Senado, dondelos grupos que conforman la mayoría de apoyoen el gobierno español han acusado al TC de recuperar, de facto, el recurso previo de inconstitucionalidad que está derogado desde 1985, en palabras del portavoz del PNV, Koldo Martínez.

La decisión adoptada por la Mesa y la ponencia de la Comisión de Justicia implica que se mantiene el resto de la tramitación, es decir, que continúa adelante la parte de la reforma que hace referencia a la derogación del delito de sedición, la reforma de la malversación y el nuevo criterio para los desórdenes públicos agravados, entre otros.

Es el criterio que ya había expresado previamente la portavoz del PSOE al Senado, Eva Granados, que ha apuntado que el Tribunal Constitucional ha detenido la votación en la cámara alta de los artículos concretos que hacen referencia a la reforma judicial pero no del resto del Código Penal.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha apuntado que su ejecutivo impulsará por otras vías las medidas para forzar la renovación del Poder Judicial. En una comparecencia en la Moncloa, ha asegurado que el ejecutivo «acata» la decisión del TC, pero activará las medidas precisas para garantizar que «se respeta la voluntad popular y el mandato constitucional».

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