El PP incluye disolver partidos que hagan referéndums ilegales en la enmienda a la amnistía

El PP y Vox presentaron ayer enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía para evitar y castigar los referéndums ilegales y, de esta manera, «rearmar el Estado». El Partido Popular planteó a creación de delitos de «deslealtad constitucional» para castigar las autoridades y funcionarios públicos que promuevan la desobediencia de las leyes o incumplimiento de resoluciones judiciales «buscando perjudicar la unidad de España», según ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Tellado destacó que la amnistía «no genera convivencia» sino que «es un pago político, una compra de votos a cambio de impunidad judicial para personas que cometieron delitos» y afecta «a la igualdad ante la ley». Por eso, el texto propone el «rearme y fortalecimiento del Estado» ante las «agresiones allí democracia» y promueve la creación de nuevos delitos de deslealtad constitucional. El nuevo capítulo de «deslealtad constitucional» que el PP quiere introducir al Código Penal plantea castigar con penas de cinco a diez años de prisión e inhabilitación absoluta a las autoridades o funcionarios públicos, pero también diputados, senadores o miembros de un parlamento autonómico. Además, también proponen castigar con entre uno y cinco años de prisión e inhabilitación especial los funcionarios, diputados o autoridades que «convoquen o hagan actos dirigidos a la convocatoria de un referéndum o cualquier consulta a la ciudadanía que sea contraria a los requisitos establecidos por la Constitución para la celebración de un referéndum». Finalmente, los populares quieren introducir un artículo que establece la «pena de disolución» a cualquier persona jurídica que sea responsable de cualquiera de los delitos de «deslealtad constitucional».

Por otra parte, Vox también registró su enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo que propone la ilegalización de las formaciones independentistas y que se tipifique como delito la negociación con condenados, procesados o fugitivos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición o contra la independencia del Estado y la «defensa nacional». El veto de Vox –como el del PP- se debatirá al pleno del Congreso del miércoles que viene, y previsiblemente será rechazado con los 178 votos en contra de las formaciones que avalan la tramitación de la ley (PSOE, Sumar, ERC, juntos, Bildu, PNV y BNG).