Política
El pleno de la ley de amnistía tendrá lugar como muy pronto a finales de febrero
Los grupos debatirán de nuevo en comisión a partir del dictamen aprobado la semana pasada
El pleno del Congreso durante el debate de la amnistía.
La Mesa del Congreso ha analizado este martes en el informe de los letrados del Congreso que apuntan que la ley de amnistía se tendrá que debatir de nuevo en la Comisión de Justicia a partir del dictamen que se aprobó el 30 de enero, y que la comisión dispone de un plazo de 15 días que expira el 21 de febrero para elaborar uno nuevo redactado. Este calendario sitúa la votación final de la ley de amnistía como mínimo al pleno que tiene lugar entre el 27 y el 29 de febrero. Con todo, fuentes del Congreso recuerdan que a comisión tiene la posibilidad de prorrogar los debates 15 días más y que, si se diera este supuesto, la ley no iría al pleno hasta bien entrado el mes de marzo.
La Mesa de este martes ha desestimado los argumentos del PP y de Vox, que consideran que aunque el pleno del 30 de enero aprobó el dictamen de la ley, el hecho de que finalmente la ley quedara rechazada en su conjunto (per el 'no' de Junts) supone que el proyecto ha decaído y que se tiene que volver a iniciar todo el proceso.
Una vez rechazadas estas peticiones de los grupos de la derecha, este martes se inicia el calendario de 15 días de que dispone la comisión para redactar un nuevo dictamen a partir del texto aprobado y con las enmiendas vivas que dejaron varios grupos como ERC y Junts. Según este calendario la comisión tendría que tener terminado y aprobado un nuevo dictamen el 21 de febrero.
De esta manera, el pleno para la votación final de la ley de amnistía no tendrá lugar como mínimo hasta el 26 de febrero. Pero fuentes del Congreso recuerdan que la comisión tiene capacitado para prorrogar los debates 15 días más, de manera que la ley podría llegar al pleno como máximo dos semanas después, ya entrado el mes de marzo.
La Mesa de este martes también ha abordado las peticiones del PP y de Vox para que la presidencia intervenga cada vez que se producen "ofensas" al poder judicial. Fuentes del Congreso recuerdan que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es partidaria de que todo el mundo se exprese sin ofender nadie, pero voz fundamental que prime la libertad de expresión.