Fiscalía pide 8 años para el expresidente de la patronal del comercio por desvío de fondos

La Fiscalía pide 8 años de prisión para Miguel Ángel Fraile, expresidente de la patronal española de comercio, acusado de desviar 778.000 euros de fondos de academias de formación cuando dirigía la Confederació Catalana del Comerç (CCC), entidad que se acabó disolviendo con un agujero de 2,6 millones.

El que fuera responsable de la CCC hasta 2016, cuando presentó concurso de acreedores, se sentará a partir de mañana en el banquillo de Audiencia de Barcelona, junto a su esposa, ambos acusados de destinar depósitos de academias de formación que colaboraban con la entidad a pagar gastos de la misma, entre ellos sus elevados sueldos.

El ministerio público solicita para Fraile ocho años prisión, como autor de un delito de apropiación indebida, o alternativamente de uno de administración desleal, así como una multa de 7.000 euros, y para su mujer, a la que señala como cooperadora necesaria, pide seis años de cárcel y una multa de 5.400 euros.

Irregularidades contables

En 2016, la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC) cesó al entonces secretario general de la entidad, Miguel Ángel Fraile, que hasta 2011 había dirigido también la Confederación Española de Comercio (CEC), tras perder la confianza en su trabajo al detectar las auditorías irregularidades en las cuentas de la entidad.

El comité ejecutivo de la Confederación de Comercio de Cataluña también relevó de sus funciones a la esposa de Fraile, que era directora del departamento de Formación de la CCC.

Miguel Ángel Fraile llevaba en el cargo más de 30 años, ya que accedió al mismo en 1985, cuando se fundó la entidad que representaría al potente sector comercial catalán, con cerca de 90.000 pequeños y medianos negocios adheridos.

Tras ello, la Confederación de Comercio de Cataluña se disolvió con una deuda de unos 2,6 millones de euros y presentó concurso de acreedores.

Subvenciones para formaciones

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, CCC ofrecía cursos de formación para empresarios y trabajadores del sector, por lo que recibía subvenciones de entes como el Consorci per a la Formació de Catalunya o la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Una vez adjudicados los cursos a la CCC, los encargados de impartirlos eran academias o formadores autónomos, con los que la organización firmaba un acuerdo de colaboración y que recibían una contraprestación económica por alumno.

La Confederació Catalana del Comerç abonaba a los centros que impartían los cursos una parte de esa contraprestación al inicio, cuando acreditaban que habían comenzado las formaciones, y otra cantidad tras la finalización de las mismas.

De acuerdo con la acusación pública, una vez los centros de formación habían cobrado la totalidad del importe, debían ingresar como depósito de garantía en la cuenta corriente de CCC un porcentaje del monto, que inicialmente era del 25 %, después del 10 % y finalmente del 5 %.

Esas cantidades debían quedar depositadas en la CCC, por si durante una revisión por parte del ente público que había subvencionado el curso surgía alguna incidencia que obligara a la devolución del importe cobrado o de una parte.

Las cantidades, de acuerdo con el Plan Nacional Contable, debían ser contabilizadas por la CCC dentro del activo como depósito en garantía y del pasivo como acreedores, y devolverse una vez acabadas las actuaciones inspectoras de las entidades subvencionadas y agotadas las vías jurídicas y administrativas.

No obstante, señala la acusación pública, desde el año 2012 hasta 2016, en colaboración con su mujer, Fraile ideó un plan con el fin de disponer de mayor liquidez para la entidad, utilizando el importe de los depósitos de garantía con fines distintos a los indicados.

«Desmesurados sueldos» y dietas

De esa forma, según el fiscal, el dinero de los depósitos se destinó a «la constitución de avales y a la inversión de fondos de bajo riesgo» y se traspasó a la cuenta general de la CCC con la que se pagaban los gastos de la entidad, que incluían los «desmesurados sueldos y dietas» de Fraile y su esposa, además de una tarjeta de carácter personal que usaron en su propio beneficio.

Al cumplirse los plazos de devolución de los depósitos de garantía de los centros, la entidad no tenía suficiente liquidez para reintegrarlos, lo que provocó un grave perjuicio a las academias o formadores que habían impartido los cursos subvencionados, algunos e los cuales tuvieron incluso que bajar la persiana.

Ello provocó una «situación de insolvencia de tal gravedad» en la CCC que propició la solicitud de concurso de acreedores en septiembre de 2016, concluye el fiscal en su escrito.