El Congreso aprueba la ley de amnistía pactada entre PSOE, Junts y ERC

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de amnistía en un debate que ha enfrentado de nuevo a las formaciones de la mayoría de la investidura al PP y Vox. El texto ha quedado aprobado con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) y 172 en contra (PP, Vox, UPN y CC). Después de cuatro meses de tramitación y en el segundo intento, la ley supera así el principal escollo de las Cortes. Queda todavía el paso del Senado, donde el PP aprovechará los dos meses de que dispone para intentar torpedearla, y la aprobación definitiva de nuevo en el Congreso en el mes de mayo. La sesión ha estado marcada por la convocatoria electoral en Cataluña, que ha torpedeado de rebote los presupuestos generales del Estado.

La ley ha quedado aprobada después de un periplo de negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts que tuvo el momento más complicado el pasado 30 de enero, cuando Junts tumbó la aprobación de la norma en el pleno porque consideraba que no daba bastante cobertura a los investigados del Tsunami Democràtic, CDR y la operación Volhov.

Les tres formaciones encontraron finalmente un acuerdo que permitió aprobar el dictamen de la ley el jueves pasado en el Congreso. Una de las claves fue eliminar las referencias de la ley en el Código Penal español como fuente de definición del terrorismo, y dejar sólo la tipificación que hacen los convenios internacionales. La ley diferencia así entre lo que considera como terrorismo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y lo que se entendería que es terrorismo según los convenios.

La amnistía y Puigdemont

La aprobación de la ley de amnistía tendrá un efecto directo en las elecciones del 12-M. Por un lado, supone el cumplimiento de uno de los primeros hitos de los acuerdos de investidura cerrados entre el PSOE, ERC y Junts. Por la otra, afecta directamente a la candidatura de Junts, que espera poder presentar nuevamente a Carles Puigdemont como cabeza de cartel. Si bien en las dos anteriores elecciones (las del 14-F de 2021 y las del 21-D del 2017) el expresidente ya fue candidato, en aquel momento su decisión de quedarse en Bélgica impedía que pudiera ser investido presidente.

Dependiendo de cómo se alarguen los tempos de la amnistía en el Senado, dónde irá después de la primera votación hoy en el Congreso, la ley podría ser votada definitivamente en los meses de mayo-junio y entrar en vigor poco después. A partir de aquel momento, los jueces dispondrán de dos meses para aplicar la norma. También será el momento de los recursos a la ley en órganos como el Tribunal Constitucional. Puigdemont ya ha expresado la intención de estar presente en Cataluña durante el próximo debate de investidura, que coincidiría en aquellas fechas dependiendo de cómo se alarguen las negociaciones postelectorales.

Fuentes de Junts remarcaban este jueves la decisión del mismo Puigdemont de estar en la investidura. Asimismo, recordaban que a pesar de las reservas que puedan tener, los magistrados están obligados a aplicar la ley de amnistía, y no se pueden acoger tampoco a la objeción de conciencia. Por este motivo, esperan que levanten las medidas cautelares y apliquen la ley.

Tramitación ralentizada en el Senado

Los populares quieren convertir el trámite a la cámara alta en una muestra de oposición a la ley. En estos dos meses pueden rechazar de pleno el texto o bien introducir modificaciones que lo cambien totalmente, sin embargo, sea cuál sea, su actuación sólo tendrá efecto mientras la amnistía se tramite en el Senado.

De hecho, el PP ya modificó el reglamento de la cámara alta para alcanzar al máximo el plazo de que disponen para tramitar el texto. Aunque en el Congreso ha tenido consideración de urgencia y se ha tramitado en la mitad de los tiempos, en el Senado se tramitará como una ley normal, y por lo tanto la cámara alta dispondrá de dos meses para censurarla.

Los populares también han pedido comparecencias y un informe –no preceptivo- en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que previsiblemente, según consta en el texto que prepara el magistrado conservador Wenceslao Olea, concluirá que esta es una ley inconstitucional que no respeta la separación de poderes.

Sin embargo, las modificaciones que introduzca el Senado sólo tendrán efecto durante estos dos meses de tramitación. Una vez la cámara alta emita la votación final, la norma volverá al Congreso, que es quien decide si acepta los cambios que se ha hecho en el Senado, o si aprueba directamente el texto como salió del mismo Congreso.

Aprobación definitiva y entrada en vigor

Eso tendrá lugar previsiblemente en el mes de mayo o principios de junio. Si la ley obtiene los mismos soportes en esta última votación, quedará definitivamente aprobada y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).Sin embargo, la aplicación quedará en manos de los jueces y la ley tendrá que superar otros escollos en forma de recursos y cuestiones prejudiciales.