Política
El gobierno español empieza los trámites por extinguir la Fundación Francisco Franco
La desaparición definitiva queda en manos de un juez, que tendrá la última palabra
Valle de loa Caídos.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado este jueves el inicio de las actuaciones previas para la extinción de la Fundación Francisco Franco. Es una medida anunciada hace meses en aplicación de la Ley de la Memoria Democrática que implicará que ahora el Ministerio recopilará documentación sobre el incumplimiento de la ley por parte de la Fundación y finalmente someterá la cuestión a la Justicia, que es quien tendrá la última palabra. Según Urtasun, se trata de aplicar de forma estricta una norma que no permite que existan organismos que enaltezcan el franquismo y la dictadura.
Urtasun ha anunciado este trámite en un mensaje que ha colgado en X, donde ha recordado que la ley de la Memoria Democrática establece que se pueden extinguir fundaciones cuando estas «no persigan finalidades de interés general o hagan actividades contrarias a este interés general».
En este sentido, la ley considera «contraria al interés general la apología del franquismo, el enaltecimiento del golpe de estado y de la dictadura o de sus dirigentes con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo».
En estos casos, según la ley, el protectorado de fundaciones puede instar judicialmente a la extinción de la fundación, y los jueces pueden acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, y adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia de esta suspensión de actividades.
Siguiendo este procedimiento, Urtasun ha apuntado que su Ministerio «da por primera vez este paso» y «inicia los trámites para instar judicialmente a la extinción de la fundación Francisco Franco».
En este marco, el Ministerio de Cultura ha pedido un informe en la Secretaría de Memoria Democrática «sobre el posible incumplimiento de la ley de memoria democrática por parte de esta fundación».
De esta manera, según Urtasun, se abre un periodo de «recopilación de información» en el que también participarán las asociaciones de memoria.
Una vez concluida la instrucción y con el informe previo del Abogado del Estado –ha recordado Urtasun- «será responsabilidad de este Ministerio instar la Justicia a la extinción de la Fundación», aunque los jueces tendrán «la última palabra».
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